ECONOMÍA | Jefe sectorial de Aysén aseguró, ante firma de proyecto de ley que reforma Defensa de Libre Competencia, que Gobierno busca erradicar casos de colusión como el de pollos y farmacias.

La implementación de penas de cárcel para quienes conformen carteles que atenten contra la libre competencia y consumidores se convierte en un paso clave para erradicar la colusión ejercida por algunos grupos empresariales, aseveró el seremi de Economía Mark Buscaglia, respecto a la firma este lunes del proyecto de ley que reforma el sistema de Defensa de la Libre Competencia.

La Presidenta Michelle Bachelet Jeria firmó el proyecto de ley, que para delitos de colusión contempla una pena de reclusión menor en su grado mínimo que va desde 5 años y un día a 10 años. La iniciativa elimina además el tope máximo de sanciones desde el límite actual de US$25 millones, hasta un tope equivalente al doble del beneficio obtenido o el 30% de las ventas totales durante el periodo dela práctica anticompetitiva.

Pese a que el daño estimado en el caso de colusión de carne de pollo alcanzó US$1.500 millones, la sanción máxima a las empresas vinculadas a este cartel ascendió a US$25 millones.

“Con este proyecto de ley el gobierno busca que a las empresas que se coluden no les salga barato o a cuenta hacerlo”, afirmó el seremi de Economía.

Agregó que “el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet busca acabar con abusos como los cometidos en sectores del mercado especialmente sensibles para los ciudadanos, como lo fueron la fijación de precios y participación en el mercado del caso farmacias y pollos”.

MAYORES COMPETENCIAS

El proyecto de ley busca endurecer las sanciones en caso de colusión, mejorar el control de fusiones del sistema de libre competencia y entregar mayores competencias a la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

“Casos de colusión como los conocidos por la ciudadanía afectan la convivencia nacional al provocar la indignación y desconfianza de los consumidores, mermando el funcionamiento de las empresas y en las instituciones que regulan la economía. La institucionalidad ha sido débil en la protección de los consumidores, quienes tienen una posición de desventaja natural frente a intereses económicos organizados y con objetivos bien definidos. Frente a esto el proyecto de ley de Defensa de la Libre Competencia surge como una medida de protección para los consumidores”, agregó  Buscaglia.

La última vez que se habían ampliado las atribuciones de la FNE fue a través de la ley 20.361 del 2009, que dio atribuciones a la FNE para allanar oficinas, incautar documentos e interceptar comunicaciones en el marco de sus investigaciones.