Según detalló el persecutor penal, los imputados habrían cometido delitos de falsificación de instrumento público en Coyhaique. Por su parte, la PDI no remitió información oficial de esta situación a EPDNoticias.
Este lunes la Fiscalía Local de Coyhaique informó que formalizó, el pasado jueves, una investigación por el delito de falsificación de instrumento público en contra de 2 detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región de Aysén, quienes fueron detenidos por funcionarios del Departamento V de la propia institución.
De acuerdo a lo indagado por EPDNoticias, se trata del oficial Inspector J.U.V. y el subcomisario R.A.C., quienes integrando la Brigada Antinarcóticos y del Crimen Organizado, entregaron falso testimonio respecto de un operativo de droga realizado en Puerto Aysén.
Los funcionarios policiales actualmente se encuentran suspendidos de sus funciones, y sus identidades fueron impedidas de ser difundidas públicamente por el tribunal de Coyhaique.
Según explicó el fiscal Jaime Rojas, actualmente, la investigación que se desarrolla es por hechos ocurridos entre los días 24 y 26 de agosto del año pasado, cuando los imputados participaron junto a otros policías en una investigación que decomisó 6 kilos 381 gramos de marihuana y 22 gramos de ketamina.
FALSEARON LOS HECHOS
El ilícito, en base a la investigación de la Fiscalía y el Departamento V de la PDI, radica en que los funcionarios policiales habrían faltado a la verdad al aseverar en el parte policial, que 2 cajas -que correspondían a evidencia- permanecían al interior del domicilio de una imputada, donde se efectuó una entrada y registro. Sin embargo, tal hecho no era efectivo, porque dichas cajas permanecían en un vehículo de la imputada y esa evidencia fue trasladada -por instrucción de los propios policías- hasta el interior del inmueble.
No obstante lo anterior, durante la investigación del delito de droga se pudo establecer fehacientemente que la detenida -quien se desempeñaba como funcionaría pública- sí participó en el delito de tráfico investigado, siendo incluso condenada por los tribunales.
En la formalización, el fiscal Jaime Rojas solicitó la prisión preventiva, sin embargo, el tribunal resolvió imponer a ambos imputados las medidas cautelares de arraigo nacional y firma semanal en la Fiscalía, mientras se desarrolla la investigación cuyo plazo fue fijado en 90 días.
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