Mientras la Superintendencia de Educación Superior debe resolver los cargos a formular por la deplorable gestión institucional, parlamentarios levantan cuestionamientos al aprovechamiento político de quienes llevaron al plantel a la crisis que hoy la tiene en el peor momento, desde su creación en 2015.
Por Claudio Díaz Peña
Periodista
Esta mañana, decenas de funcionarios de la Universidad de Aysén comenzaron a recibir en sus correos institucionales, la citación a reunión para ser notificados formalmente de su desvinculación. Muchos de ellos, ya avizorando lo inminente, resolvieron asistir este jueves vestidos de estricto negro, a la espera de una jornada de verdadero “luto laboral”, que la institución obligatoriamente debió asumir, tras sendos informes de distintos organismos reguladores que transparentaron su crisis institucional.
Cerca de 70 personas entre académicos, profesionales y administrativos se estima vivieron hasta esta tarde la desvinculación laboral, a causa del caótico escenario de déficit financiero que supera los $2 mil 500 millones, y que consigna la Superintendencia de Educación Superior (SES) en un documento conocido hace exactamente una semana.
LA UAYSÉN “¿SE HUNDE?”
Si bien la SES establece que, desde sus inicios, la U. de Aysén acusa problemas de gestión administrativa, financiera y académica, agrega que “se constata un desempeño deficitario a lo largo de los últimos cuatro años, caracterizado por un deterioro significativo en la posición patrimonial durante los dos últimos ejercicios, culminando así con patrimonio negativo en 2022″.
Se trata del periodo en que ejerció como rectora Natacha Pino, quien entregó en septiembre de este año el cargo al nuevo rector Enrique Urra, hasta entonces, precisamente, su director de Planificación y Aseguramiento de la Calidad.
Los funcionarios, que organizados, han mantenido paro por casi 4 semanas, sienten que la universidad se “hunde”, como lo expresaba uno de los lienzos en las marchas de hace unos días. Y parecieran tener razón, porque al revisar el detalle del informe de investigación de la Superintendencia, que en 67 páginas, revela el desorden de dineros y administración, llegó hasta el incumplimiento del pago de remuneraciones desde septiembre pasado y que “comprometen el pago durante octubre, noviembre y diciembre”.
RADIOGRAFÍA DE LA CRISIS
Una especie de epílogo anticipado de la sostenida crisis que encabezó Natacha Pino, vio la luz pública en los primeros meses de 2023, pues se comenzaban a configurar una serie de reportes y análisis de distintas instituciones, que en conjunto apuntaron el alarmante escenario financiero y de la gobernanza institucional, que venía decayendo en los últimos años en la casa de estudios aysenina.
Pero las primeras inquietudes se acrecentaron con el reporte de la auditoría financiera de la Consultora Fortunatos, que dio cuenta que a fines de 2022, el plantel que dirigía Pino presentaba -por primera vez- patrimonio negativo, sin capacidad de cumplir con sus pasivos, es decir, deudas con proveedores, servicios básicos y arriendos, advirtiendo así la debilitada viabilidad del flujo de caja de la entidad. Luego, en febrero de este año se sumó la conclusión del Comité de Pares Evaluadores del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), que afirmó que “la universidad cuenta con una estructura organizacional recargada, con una abundancia de funciones, procesos y microprocesos que no se condice con la dotación profesional y académica, ni la etapa de desarrollo en que se encuentra”.
Posteriormente, en el mes de marzo, fue el turno de la Superintendencia de Educación Superior (SES) la que constató lo que ya era una situación conocida internamente y que había logrado trascender a nivel público. Para el organismo, la U. de Aysén presentaba “un crecimiento de egresos mayor que los ingresos, dado principalmente por concepto de remuneraciones”, es decir, pérdidas operacionales que se produjeron al contratar más funcionarios que los que permitían su liquidez, por lo que la recomendación del órgano regulador fue la necesidad que las autoridades universitarias evaluaran su estructura organizacional y su dotación administrativa. No obstante, quienes estaban al frente de la casa de estudios defendían este aumento de contrataciones, señalando que estaba en línea con el proceso de desarrollo de expansión de la institución.
Así, lo inevitable se hizo realidad. La visita de agosto de este año a las instalaciones universitarias, en Coyhaique, de representantes de la SES, tuvo como producto una exhaustiva investigación y el respectivo informe, firmado por la fiscalizadora e instructora del procedimiento, la abogada Margarita Zilleruelo Pedreros, que emanó el pasado jueves 23.
En él se concluye que la casa de estudios estatal se encuentra actualmente en una crítica situación financiera que amenaza su continuidad académica.
“Los hechos constatados en el presente informe dan cuenta de una serie de deficiencias críticas en sus niveles estratégicos, financieros, y administrativos. Asimismo, las medidas propuestas carecen de fundamentos financieros sólidos y no abordan los problemas estructurales que la Universidad de Aysén enfrenta”, asegura la SES.
Y es que ya en agosto de este año, con $1.000 millones en déficit en las arcas internas, y no habiendo podido la rectora Natacha Pino conseguir cómo solventar el monto, ni con créditos bancarios o vía financiamiento del gobierno regional, el Gobierno Universitario Superior le instruyó adoptar medidas concretas para enfrentar la apremiante situación. Pino estaba en su última semana antes de entregar el cargo.
La investigación de la SES asienta que la situación financiera precaria, desencadenó incumplimiento del pago de remuneraciones desde septiembre, comprometiendo los meses siguientes, incluso hasta diciembre, y un déficit acumulado del orden de $2 mil 500 millones.
Nada diferente ocurría en la gestión académica, donde para la Superintendencia “se debe ajustar el gasto en remuneraciones y mejorar los procesos presupuestarios y de contrataciones, y la falta de mecanismos de control en la contratación de docentes colaboradores”, entre otros.
En cuanto a la gestión del plan de infraestructura institucional, la imposibilidad de construir o adquirir inmuebles para su desempeño, mantuvo a la Universidad acudiendo a innumerables arriendos, y “atendidos los problemas financieros, la Institución ha debido restituir dos de los inmuebles arrendados por no pago de rentas, perdiendo de esta forma su casa central, cuatro salas de clases y espacio destinado a oficinas administrativas, sin que exista un plan para recuperar estos espacios. Asimismo, se encuentra en riesgo de perder un tercer inmueble, en el que funcionan nueve salas de clases por no pago de, a lo menos, dos meses de renta”.
Por su parte, la ‘posta’ recibida por el actual rector Enrique Urra, contempló un Plan de Contingencia que presentó a la comunidad universitaria y a las autoridades locales, buscando aplacar las deudas y las dudas de su nueva gestión, pero que a la fecha es catalogado por la SES como “no sólo insuficientes, sino que además infringen la legislación laboral (…) medidas que no se encuentran articuladas, se basan en incumplimientos deliberados en el pago de remuneraciones, honorarios y servicios básicos; no presentan valorización – lo que impide estimar su impacto financiero – y finalmente no muestran la profundidad suficiente, considerando la magnitud de los hechos constatados”.
Esta panorámica puso casi de inmediato en tensión la relación de Urra con el estudiantado y, principalmente, con la Asociación de Funcionarios de la casa de estudios (AFUA), con quienes el diálogo se trizó. Y es que todo lo anterior llevó, precisamente, a las masivas marchas por las calles de Coyhaique, y a un paro de 140 académicos y funcionarios de la Universidad a principio de septiembre, primero por 48 horas, y que tras diversas conversaciones con la rectoría, se transformó en una paralización “indefinida” desde el 8 de noviembre pasado y alcanzando las casi 4 semanas, se mantiene la defensa de los funcionarios por la sostenibilidad de la casa de estudios superiores y el legítimo temor a perder sus fuentes de trabajo.
CRISIS ESTRUCTURAL
Este martes 28 de noviembre, emanó desde la rectoría el Decreto Universitario Exento (DUE) Nº393/2023, documento firmado por el rector Enrique Urra y, la secretaria general, Giovanna Gómez, que dispuso una nueva estructura organizacional de la casa de estudios, que modifica la que regía desde octubre de 2018, es decir, casi un año antes que asumiera Natacha Pino, pero que según los informes externos, durante sus 4 años al frente de la rectoría, tuvo como responsabilidad la sobrecarga excesiva y sin respaldo de los estamentos académico, profesional y administrativo, sumando contrataciones al punto de colapsar financieramente la institución.
De hecho la CNA, fue categórica en precisar en abril de este año que “la Institución dispone de un numeroso plantel de personal no académico, el que aumentó de 28 personas en cargos administrativos y directivos en 2017 a 120 en 2021”.
Por ello, esta semana el decreto universitario no tuvo más opción que alinearse y reconocer cabalmente esa realidad de manera expresa, respecto que la casa de estudios “actualmente presenta una crisis financiera y organizacional de carácter severa”, refiriendo también a los estrictos informes de organismos técnicos, que “exigen a la Universidad a adoptar medidas igualmente severas, para revertir la situación”.
Con ello, se comenzó a dar pie a lo que denominó “medidas de ajuste a la estructura organizacional”, con el fin de reducir el apremiante costo remuneracional y garantizar la “supervivencia” de la Universidad.
Es en este contexto que se informa de 2 momentos, el de hoy, con las desvinculaciones, para en 2024 habilitar una nueva y atomizada configuración administrativa, profesional y académica, que pondrá a prueba si es capaz de hacerse cargo de la demanda de la gestión institucional, y que considera la eliminación de 15 unidades en total, del proyecto universitario. Aquí desaparecen como tal; Oficina de Partes, Aseguramiento de Calidad, Relaciones Internacionales, Escuela de Postgrado y Educación Continua, Comunicaciones, Jurídica, Secretaría Académica, Títulos y Grados, entre otros.
CONTRATAS, HONORARIOS Y PERSONAL DE CONFIANZA
El DUE, además, determina realizar ajustes en otras 11 unidades y direcciones, teniendo entre las consideraciones generales de despidos que la no renovación se aplica “solo para personal a contrata” y teniendo en cuenta los respectivos fueros, a quienes no le aplicarán estos criterios, renovándoles su contrata.
Y aunque se precisa que “las contrataciones a honorarios cesarán conforme a los términos de sus contratos respectivos”, es esperable que este fin de año y en fechas posteriores se vayan desvinculando más personas.
En tanto, en cuanto al “personal de exclusiva confianza, tendrá supeditada su continuidad a la mantención de dicha confianza, conforme lo determine el Rector”.
Se enfatiza, finalmente, que para el personal de colaboración, la prelación u orden en que se definen las desvinculaciones se enmarca en 3 criterios: partiendo los despidos por personal de unidades eliminadas, áreas y/o función de una unidad; para seguir con quienes sus funciones son absorbidas por otra dirección o unidad; y, en último término, por personal de menor antigüedad, cuya dotación debe ser reducida considerando que sus funciones presentan duplicidad o sobredotación, donde al existir igual antigüedad, se aplica a quien resulte más oneroso mantener.
MACÍAS: “NO ESTAMOS ANTE UN CIERRE”
Esta mañana 2 autoridades locales se refirieron al proceso que vive el plantel estatal de educación superior.
Primero, fue la gobernadora regional Andrea Macías, quien intentó dar espacios de esperanza, fundamentalmente, a los alumnos y sus familias, en entrevista radial con Genial FM, y descartando un cierre de la universidad regional.
La autoridad explicó que “hay un plan de recuperación que en términos de número daría para que en 2 años se salga de la crisis. Y hay que esperar, o sea, si viene un informe bien ‘lapidario’ en relación a la gestión, pero yo también creo que hay que dar certeza y hay que dar tranquilidad”.
A la vez cuestionó el modelo de tutoría que acompañó a la casa de estudios de Aysén “discúlpenme, pero el modelo de la Universidad de Chile que fue el que se aplicó acá, al ser universidad tutora y además por la experiencia de las rectoras, también, es un modelo que no aplica en una universidad regional, no funciona”, opinó Macías.
RAPHAEL: “HICIERON ‘FAVORES’ POLÍTICOS”
Seguido, poco antes del mediodía, también la diputada Marcia Raphael (RN) aludió a la compleja situación universitaria de la estatal aysenina en Radio Paraíso. Eso sí, la parlamentaria de oposición fue más drástica en su análisis, calificando que “el informe que llegó de la Superintendencia es devastador”, refiriendo que “el año pasado, se duplicó el personal cuando la matricula no había tenido un aumento tan considerable. Entonces, claramente, aquí hay recursos que están siendo mal utilizados. Hubo paros hace poquito, desvinculaciones, y el plan de recuperación no tiene participación ni de los estudiantes, de funcionarios, entonces hay una serie de dificultades”.
Raphael profundizó respecto de la infraestructura institucional y arriendos de inmuebles.
“Se gastan en arriendo más de mil millones de pesos… ¡Más de mil millones, es una grosería! Y producto de eso, porque como están con problemas financieros, no pudieron pagar algunos inmuebles, tuvieron que restituir 2 (inmuebles) por no pago (…) Entonces, si ya estamos perdiendo cuatro salas de clase y vamos a perder nueve, ¿dónde vamos a hacer que los jóvenes estudien? O sea, aquí los jóvenes tienen que tener estudios con dignidad”, reclamó.
Puntualizó asimismo que el plan de contingencia que se comprometió a presentar la actual rectoría “fue insuficiente, así lo señala el informe, las medidas fueron insuficientes, además infringe la ley laboral, la legislación laboral”.
La diputada apuntó que “hoy día, hay una administración que tiene que ‘poner la cara’, que tiene que hacer la mejor gestión para poder sacar esto adelante. Para eso ellos se eligieron, o sea, ellos sabían a qué venían”.
Agregó que “si se duplicó de un año para otro el personal, habrá que hacer desvinculaciones, pero desvinculaciones que yo se lo dije al rector, no desvinculaciones políticas, no desvinculaciones con la mirada ideológica, desvinculaciones con las últimas personas que ingresaron, porque claramente si duplicaron al personal es porque hicieron favores políticos”, aseveró Marcia Raphael.
La parlamentaria de Renovación Nacional fue aún más allá y adjudicó el deterioro a quienes militan o militaban en el partido oficialista Revolución Democrática (RD).
“Hoy día la universidad, yo lo quiero decir con todas sus letras, está ‘tomada’ por Revolución Democrática y eso no puede ser. Es la universidad de todos, es una universidad que no debe politizarse, que no debe ideologizarse, porque es una universidad para que los jóvenes tengan una casa de estudio en la Región de Aysén”, comentó.
SANDOVAL: “LA UNIVERSIDAD NO ES DE QUIENES LA DIRIGEN”
En el mismo eje, el senador David Sandoval (UDI) manifestó la semana pasada su crítica visión, planteando enfático que “hemos tenido 3 gestiones administrativas desastrosas, donde se ha privilegiado fundamentalmente los compromisos, las componendas políticas”, por lo que junto con lamentar la crisis en marcha y las esperanzas de las familias regionales de tener un espacio universitario propio en la zona “resulta que, en vez de dedicarse a trabajar por cumplir ese sueño, tienen a la universidad en una condición de crisis muy compleja”.
Tras reunirse con el rector Urra y los representantes de los funcionarios, Sandoval cuestionó la forma en que el proyecto ha sido gestionado, “es de la región, no de quienes la están dirigiendo ni de quienes lo hicieron desastrosamente para atrás”, la iniciativa “tiene que funcionar”, sentenció.
ALINCO: “SE HAN ‘FARREADO’ LA UNIVERSIDAD”
Por su parte el diputado René Alinco (Ind.) quien acompañó la semana pasada la marcha de los trabajadores de U. de Aysén, dijo necesario hacer presión ante la preocupante y delicada situación de la casa de estudios, para lograr una solución definitiva. De esta manera, emplazó directamente al superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, el pasado 21 de noviembre.
“Realmente su indigencia y falta de empatía con los hechos que ocurren en la Universidad de Aysén son inaceptables (…) hoy me entero de que se ha nombrado por parte del Presidente de la República un integrante para el Consejo Superior, seguramente, con la intención que mañana sesionen, tengan quórum y avale todas las propuestas del actual rector Urra, a espalda de la gente, de los administrativos y de los alumnos, pero sí consensuado con su grupo de confianza”.
Según Alinco, el Consejo Superior no ha sesionado desde el año pasado, organismo que a su juicio avaló todos los pésimos manejos administrativos y académicos, “y ahora, con usted, lo que ha realizado el actual rector Urra, todos se han farreado la universidad, nuestra universidad”.
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS: “NO SOMOS RESPONSABLES”
La Asociación de Funcionarios de la Universidad de Aysén (AFUA), que mantiene en trámite en la Corte de Apelaciones de Coyhaique un recurso de protección interpuesto contra las autoridades universitarias, tiene a su haber además la formalización de 5 denuncias ante la Superintendencia de Educación Superior “por la emisión de liquidaciones de remuneraciones que dan cuenta de montos que no habrían sido íntegramente pagados”.
Los trabajadores que han mantenido marchas y paros en los últimos meses, y afirman que el escenario actual “tiene como consecuencia el despido de los trabajadores y trabajadoras, quienes no son responsables de la mala gestión de los distintos gobiernos universitarios y que hoy pone en riesgo la continuidad del proyecto universitario”.
Estimando en 70 los despidos que habría esta jornada, aseguran que la Universidad adeuda todavía a un porcentaje de trabajadores unos $140 millones, y por ello al conocerse el informe de la Superintendencia de Educación Superior, llamaron en declaración pública a la autoridad ministerial, a ser parte activa de esta “grave situación”.
PLAN DE RECUPERACIÓN O ADMINISTRADOR PROVISIONAL
La Universidad tiene plazo para sus descargos ante la SES de 15 días hábiles, tras lo cual el plantel puede solicitar un plazo similar para que se abra un período de prueba. Finalmente, el organismo resolverá formular cargos y una de las posibles medidas es exigir la implementación de un Plan de Recuperación a 2 años, o bien, nombrar un Administrador provisional, incluso figura la posibilidad de proponer al Ministerio de Educación un “procedimiento de revocación del reconocimiento oficial” si así amerita.
De hecho, el informe de la SES cierra con la propuesta de cargos, refiriendo a la Ley 20.800, por encontrarse en la hipótesis de la letra a) y b) del artículo 3°; esto es en el supuesto -dice la ley- “que una institución de educación superior se encuentra en peligro de, a) Incumplimiento de sus compromisos financieros, administrativos o laborales, o b) Incumplimiento de los compromisos académicos asumidos con sus estudiantes”.
En aquello, la Superintendencia es categórica al concluir que de no detenerse la escalada del caótico desgobierno universitario, se afectará a los alumnos de las 9 carreras hasta hoy creadas, “se constata el incumplimiento de sus compromisos laborales y administrativos, por lo que no es posible garantizar la viabilidad financiera y administrativa del proyecto institucional. De no implementar medidas suficientes en el corto plazo, la Universidad podría incumplir sus compromisos académicos con los estudiantes”, dice el informe.
En el intertanto, junto con ello, vendrán nuevas desvinculaciones gradualmente en personal a honorarios, y con menor cantidad de funcionarios y unidades fusionadas y eliminadas, ante el desafío de asumir tareas con 652 alumnos y demanda creciente de matrícula, ahora con menos personal, y que antes con mayor cobertura funcionaria no fue posible abordar adecuadamente.
Una arista adicional que ya algunos avizoran es la eventual presentación de decenas de recursos laborales y judiciales a partir de los despidos, y que se sumaran a los ya existentes, pues según la SES, existen juicios pendientes por más de $16 millones, que no solo exigirán tiempo y dedicación de las áreas jurídicas y administrativas, también distraerán la gestión del intenso foco, que deben asumir la gobernanza en la nueva etapa 2024. Sumar a lo anterior, que se incrementaría la compleja situación financiera por la demanda de recursos que podrían significar los fallos judiciales, de no haberse efectuado en regla las desvinculaciones que comenzaron hoy, si es que a entender de la justicia se han vulnerado derechos de los trabajadores, como ha ocurrido anteriormente, y que constan en el informe SES.
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