Corte de Puerto Montt confirmó la sentencia más alta dictada en materia de corrupción, en el marco de la Reforma Procesal Penal en nuestro país.
Tras un extenso proceso judicial, iniciado en 2018, finalmente quedó a firme la sentencia de 10 años de presidio en contra del ex alcalde de Guaitecas, Cristian Alejandro Alvarado Oyarzo (Chile Vamos), como autor del delito de malversación de fondos públicos, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique en el mes de diciembre del 2021.
Lo anterior luego que el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del imputado, fue finalmente rechazado el pasado jueves por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, alegato donde participó la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público.
La investigación penal de la fiscalía se originó entre otros, luego del Informe Final de Investigación Especial N° 76, de 2017, de la Contraloría Regional de Aysén, el cual fue remitido al Ministerio Público, en el que se detallaban una serie de irregularidades ocurridas al interior del municipio, en cuyas indagatorias posteriores realizadas durante el año 2018, también participó un equipo fiscalizador de dicho órgano contralor. En dicha causa también participó como querellante el Consejo de Defensa del Estado.
A fines de 2018, los concejales Bernarda Picticar (IND-Nueva Mayoría) y Marcos Silva (actual alcalde de Las Guaitecas, PPD), presentaron un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional de Aysén, por notable abandono de deberes y contravención grave a la probidad administrativa.
En mayo de 2019 la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total del alcalde de Chile Vamos quien fue imputado como autor del delito de malversación de caudales públicos, por ilícitos perpetrados entre 2012 y 2016.
En enero de 2020, el Tribunal Electoral de Aysén (TER) acogió el requerimiento presentado en su contra ordenando la remoción del Cristian Alvarado como alcalde, por notable abandono de deberes y quedando inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos.
Lo anterior se fundamentó en el mencionado informe emanado por Controlaría que imputó un desembolso de más de $1.750 millones entre los años 2016 y 2017, que no pudieron ser acreditados.
Cristián Alvarado Oyarzo, nació en el sector de Repollal, en Melinka, y en su carrera política fue Consejero Regional (Core) por la Provincia de Aysén, en 2009, y luego se postuló a alcalde para el periodo 2012 -2016, resultando reelecto como independiente por RN, para continuar en el cargo por un segundo periodo, momento en que enfrenta la denuncia y se comienzan a investigar los ilícitos.
MILLONARIAS TRANSFERENCIAS FRAUDULENTAS
De acuerdo a los hechos expuestos por la Fiscalía en el juicio oral, el imputado Raúl Mansilla Barría (quien ya falleció por complicaciones de salud), se desempeñaba como jefe de Finanzas de la Municipalidad de Las Guaitecas en el periodo en que Cristian Alvarado era alcalde.
En dichas circunstancias, aprovecharon estas funciones públicas y el hecho de tener a su cargo dineros fiscales, para sustraer dineros de las cuentas corrientes bancarias del municipio y de la Empresa Eléctrica Municipal de Melinka, transfiriéndolos electrónicamente hacia sus propias cuentas o hacia terceros.
Para ello, los imputados realizaron operaciones fraudulentas, transfiriendo fondos públicos sin respaldos o con facturas y decretos de pago ideológicamente falsos, las que aparentaban la adquisición de bienes o el pago de servicios.
Dichas acciones fraudulentas se realizaron con el acuerdo y participación de Rosario Saldivia Calixto, cónyuge de Raúl Mansilla y -en ese entonces- bibliotecaria de la Municipalidad de las Guaitecas, y Luis Melián Oyarzo, que ejecutaba labores como contador externo de la citada planta eléctrica, quienes facilitaron sus cuentas corrientes bancarias para la recepción y desvío de los dineros fiscales y, además, en el caso de Luis Melián Oyarzo, entregaron facturas de otras entidades comerciales, logrando de esta forma sustraer dineros públicos.
En estas maniobras también participó directamente Cristian Tauda Krema, quien se desempeñaba como jefe de la planta eléctrica, y previamente concertado con Raúl Mansilla y Cristian Alvarado, consintió y autorizó expresamente el pago de combustibles y otros servicios, a sabiendas que dicho combustible nunca se había adquirido, lo que era parte de una planificación elaborada para respaldar el egreso de dineros fiscales desde la cuenta corriente de la Planta Eléctrica de Melinka.
OTRAS CONDENAS
Además de la sentencia a 10 años de presidio efectivo, la cual deberá cumplir en la cárcel, Cristian Alvarado Oyarzo, fue condenado a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, además de una pena de 15 Unidades Tributarias Mensuales, cerca de $950 mil, por este delito cometido entre los meses de enero de 2013 y los primeros días de agosto de 2016, en perjuicio de las cuentas fiscales de la Municipalidad de Las Guaitecas, monto que ascendió a los $351 millones.
En la investigación dirigida por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal condenó también en este caso a Luis Melián Oyarzo y Cristian Tauda Krema, quienes fueron sentenciados a las penas de 7 años y 182 días de presidio efectivo por fraude al fisco, más el pago del 5% del perjuicio ocasionado al municipio, es decir, $17 millones. Por su parte Rosario Saldivia Calixto, en calidad de cómplice, fue condenada a 4 años de presidio por malversación más el pago de 15 UTM, es decir $750 mil aproximadamente.
Además, entre todos los condenados deberán pagar una indemnización de perjuicios solidaria por $351 millones, el monto total del fraude al municipio, es decir que deberán devolver todo ese dinero al Estado.
La Fiscalía durante el juicio oral efectuado en diciembre del año 2021, en el que litigó el fiscal jefe de Sacfi, Luis González, exhibió prueba documental con numerosas facturas, decretos de pago, facturas electrónicas, notas de crédito, entre otros, sumado a testigos, peritos y peritajes especializados, entre otros medios de prueba, recopilados por peritos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y Lacrim de la Policía de Investigaciones.
Con esta resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, se agotan las instancias disponibles y el ex alcalde de Guaitecas, deberá cumplir su condena en la cárcel.
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