Parlamentario manifestó su preocupación por informe de Contraloría en que acusa que el GORE, dilató el término de un sumario contra 8 de sus funcionarios, entre ellos el actual consejero constitucional Julio Ñanco, respecto de la auditoría al proyecto de minicentral hidroeléctrica en Puerto Gaviota, para así lograr rebajar las sanciones.
El senador David Sandoval (UDI) manifestó su preocupación luego de que, en los últimos días, el medio Radio Biobío, diera a conocer un informe de la Contraloría General de la República, en el que acusa que el Gobierno Regional de Aysén, alargó el término de un sumario contra 8 de sus funcionarios, tras una auditoría realizada a un proyecto que buscaba dotar de energía eléctrica a la localidad de Puerto Gaviota, en la comuna de Cisnes.
Al respecto, el parlamentario dijo que esto da cuenta de una situación extraña y compleja, que debe ser aclarada, considerando que todo surgió precisamente “de un mal manejo de recursos de un proyecto que decía relación con dotar de electricidad a la comunidad de Puerto Gaviota, una comunidad que tiene infinidad de dificultades; pescadores que hacen su trabajo con un gran esfuerzo”.
En ese sentido, Sandoval recalcó que “tenemos muchos problemas como región, como para que nuestras autoridades estén involucradas en situaciones irregulares”, subrayando que esto debe ser corregido y aclarado por la gobernadora Andrea Macías”.
En ese contexto, el legislador indicó que la Contraloría había dispuesto de sanciones para 8 funcionarios del GoreAysén, entre ellos, el actual consejero constitucional, Julio Ñanco Antilef, además de otro funcionario de la Seremi de Desarrollo Social y Familia. Pero para Sandoval, lo más grave es que el órgano contralor observó que “la propia autoridad regional, rebaja las sanciones que se tenían contempladas, lo que habla de una situación extraña y compleja”, insistiendo en la necesidad de que se aclare la situación.
PRESUPUESTO DUPLICADO
Según RBB, el proyecto de construcción de la microcentral hidroeléctrica Puerto Gaviota tenía asignado originalmente un financiamiento de $779 millones, pero terminó gastando $1.656 millones. Un 112% más de lo planificado que —a juicio de la CGR— es un hecho “grave”. ¿La razón? La posibilidad de que hayan existido pagos duplicados a la empresa que se adjudicó el proyecto y que el GORE asumiera costos que no le correspondían, advierte el informe.
Ñanco y el Gobierno Regional sostienen que las diferencias responden a un mal diseño del nivel central y que las obras fueron completadas pese a los inconvenientes. Hoy, el actual constitucional enfrenta un juicio de cuentas de la Contraloría para que devuelva junto a sus colegas más de $173 millones.
El senador Sandova enfatizó que “nuestra región no puede entrar en el juego de las irregularidades, de poner un manto de duda sobre la gestión que deben realizar las autoridades”, reiterando finalmente su llamado a aclarar lo que ha ocurrido en este caso.
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