La vinculación pública de la rectora Natacha Pino en el consejo asesor de Fundación Democracia Viva y la aprobación de recursos este año desde el Consejo Regional de Aysén (CORE) a Fundación Procultura, captaron la atención de los diputados para solicitar formalmente se esclarezca la información y su contexto con las cuestionadas organizaciones privadas.
Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp
Periodista
Dos oficios de fiscalización han levantado parlamentarios en la Región de Aysén en los últimos días, luego de conocerse situaciones de cuestionados financiamientos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a fundaciones como Democracia Viva y ProCultura, y que el pasado sábado tuvo como efecto una nueva renuncia, la de la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD).
El primero oficio fue el enviado por el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) a la U. de Aysén por la vinculación de la rectora Natacha Pino en el Consejo Asesor de Fundación Democracia Viva; y el segundo es el remitido al Gobierno Regional de Aysén por el diputado René Alinco (IND.) apuntando a la aprobación unánime de millonarios fondos para la Fundación ProCultura.
Así, el pasado viernes, Calisto a través de la mesa de la corporación, en el oficio N° 42230, solicitó a la rectora de la U. de Aysén que se “remita a esta Cámara toda la información referente a la alianza con la Fundación Democracia Viva, como la descripción y detalle de las actividades realizadas, indicando si se realizó un pago a esta organización por la realización de estos conversatorios, señalando los montos cancelados, como asimismo la labor que cumple usted en esa organización como integrante de su Consejo Asesor.”
La información que detalla el documento está basada en la crónica de EPDNoticias publicada el día anterior, bajo el interés público que surgió a partir de los hechos conocidos en la Región de Antofagasta.
En rigor, el diputado Alinco había presentado antes el día viernes y en el mismo tenor, el oficio N°42161 desde el hemiciclo dirigido a Natacha Pino, para que desde la casa de estudios se informe con antecedentes si hubo contrato o convenio, licitación pública o trato directo, y/o pagos en las actividades realizadas con la Fundación Democracia Viva en Coyhaique.
Pero el parlamentario independiente anotó además una arista adicional, referida a solicitar a la rectora Pino, copia de los “gastos realizados por usted para participar en comisión del órgano constituyente año 2022 donde usted participó ‘asesorada por el señor Daniel Andrade’ según consta en las actas de dicho órgano constituyente, y los costos de la participación del señor Andrade”.
$1.600 MILLONES DESDE EL GORE AYSÉN
Siguiendo en la línea fiscalizadora, Alinco sumó a lo anterior -este domingo- el anunció en su cuenta de Twitter que: “Oficiaré al Consejo Regional de Aysén, encabezado por su Gobernadora, Andrea Macías, para que expliquen públicamente, cómo Aprobaron por unanimidad, esta transferencia de recursos millonarios a la fundación PROCULTURA. De la misma forma que se hizo en Antofagasta”.
A las horas siguientes del anuncio, Alinco exhibió en la misma red social el documento de fiscalización al Gobierno Regional de Aysén, a la Gobernadora Andrea Macías (PS) y a los Consejeros Regionales.
Se trata, según las imágenes de los recursos aprobados unánimemente por el CORE el 12 de abril de este año, de más de $1.600 millones para la fundación sin fines de lucro en el programa “Transferencia Programa de Apoyo a Familias de Zonas Rezagadas Provincia de los Glaciares”, que un día antes había sido expuesto en Comisión de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, por las representantes de ProCultura, Fernanda Castillo y Constanza Gómez. El objetivo es “contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes y pobladores de las comunas de Cochrane, Tortel y O’Higgins de la Región de Aysên, disminuyendo la situación de vulnerabilidad asociada al aislamiento extremo, mediante una intervención focalizada en el apoyo biopsicosocial, productivo y de habitabilidad, que propicie la capacidad de acceso a garantías en derechos fundamentales”. con un plazo de 24 meses de ejecución y cuya población objetivo serán 70 familias.
Es así que el diputado Alinco en 7 puntos solicita -en lo medular- aclarar el cambio de nombre a la Provincia Capitán Prat por Provincia de los Glaciares; las bases de Licitación del programa, o los argumentos del Gobierno Regional para un Trato Directo, así como la propuesta técnica, administrativa y financiera entregada por la fundación, y los eventuales pagos ya realizados e informe de avance disponibles.
En su web, ProCultura señala que al menos 2 proyectos ha ejecutado en la zona. El primero, de 2017, en el áreas de levantamiento patrimonial “Casas en el Valle del Río Simpson. El Patrimonio Desconocido de Aysén”, que tomó forma a través de un libro sitúa la mirada en el patrimonio menos evidente de Aysén, aquel que está oculto o subvalorado, donde el resultado de la cultura constructiva no define el valor, sino que es el modo de construir, de intervenir y de habitar lo que da cuenta del esfuerzo y del ingenio de sus habitantes.
El segundo data de 2019, “La Tradición del Tejueleo Artesanal de Aysén. Glosario Ilustrado de Herramientas”, en el mismo objetivo y formato pero esta vez. En una publicación para reflexionar sobre las herramientas que dieron lugar a la tradición constructiva de Aysén.
DE ANTOFAGASTA A AYSÉN
El cuestionamiento a la ONG surge como uno de los temas denunciados por la Asociación de Funcionarios del Serviu en Antofagasta y que calificaron como “de alta complejidad”, respecto de la autorización de la Seremi Minvu de un pago de arriendo a la Fundación Procultura, por un monto mensual de casi $3,4 millones por 16 meses, es decir, por $54,2 millones en total, montos que se transfirieron anticipadamente en un solo pago al subarrendatario del inmueble.
Para los funcionarios, el arriendo no era justificable porque la labor del convenio aprobado es de “ejecución de obras de habitabilidad primaria que se organizan y desarrollan en los territorios de los campamentos”, por lo que solicitaron un pronunciamiento del departamento jurídico sobre el arriendo, precisando que de todos los recursos destinados a la Fundación Procultura, solo un 55% se destinaban a las obras.
Y según el Registro central de colaboradores del Estado y municipalidades, se encontraron transferencias por más de $500 millones a Fundación ProCultura en octubre de 2022 por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Sin embargo, en la Región de Aysén, la iniciativa de proyectos financiados vía GORE tiene un antecedente en el Fosis del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pues el programa nació en el Gobierno de Sebastián Piñera dentro del Plan de Zonas de Rezago. Fue en agosto de 2020, cuando los consejeros regionales aprobaron los primeros $860 millones para el plan piloto “Programa Apoyo al Mejoramiento de Calidad de Vida a Familias de la Provincia de Capitán Prat” que con un plazo de 20 meses buscaba beneficiar a 60 familias aisladas y vulnerables de Cochrane, Villa O´Higgins y Tortel, según destacó en la época la directora del Fosis, Dominique Brautigam.
El destino de los recursos –explicó entonces la intendenta Geoconda Navarrete- contemplaba una cartera de 66 proyectos y un Plan Integral Familiar con capacitaciones y asesorías, además de insumos o herramientas para mejorar la productividad y la generación de ingresos, e iniciativas sociales, como mejoramientos de habitabilidad y autoconsumo.
Pero, un año después, en la exposición de avances que conoció el CORE, en julio de 2021, hubo críticas al desempeño ejecutado que entre los avances a la fecha había alcanzado a un “trabajo de georreferenciación por parte del FOSIS y el Gobierno Regional de Aysén, para identificar ubicación espacial en el territorio con el fin de determinar distancia que existe entre el lugar donde viven pobladores y potenciales familias usuarias, respecto de los centros urbanos más cercanos”.
Los consejeros del territorio pidieron optimizar las tareas, uno de ellos fue el core Carlos Campos Saigg (RN), quien recalcó que lo importante es que el programa comience e incorpore a beneficiarios de toda la Provincia, como resultado de un trabajo interinstitucional. “Sostuvimos una reunión con la directora, donde quedó claro que había que equilibrar este Programa, y que había que darle protagonismo al Gobierno Regional –que tienen un rol fiscalizador- y a los municipios. Este es un programa que implica siete millones de pesos para cada familia, que viven en los lugares más apartados de la región”, dijo.
Por su parte, el consejero regional Jorge Abello (DC) fue enfático en solicitar una mayor participación de las comunidades locales en todas las etapas del proceso. “Hemos solicitado y así se ha acordado que el Gobierno Regional, a través del equipo de la DIPLADE y encargada del Plan de Rezago del Gobierno regional de Aysén, tengan un mayor y más claro protagonismo, que permita en definitiva evaluación y acuerdos entre más actores, respecto de los beneficiarios/as, queremos que las personas beneficiadas salgan de un análisis adecuado, solicitamos materializar una matriz con variables atingentes, que permitan definir en forma objetiva quiénes son los beneficiarios o beneficiarias, acorde con el espíritu que pretende el programa en su componente principal de Habitabilidad Rural”.
Por ello se solicitó en la ocasión un trabajo más colaborativo entre los municipios, la Delegación Presidencial Provincial, Fosis y el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo.
Así y todo, en la actualidad, fuentes requeridas por EPDNoticias, confirmaron que la evaluación de la ejecución final no fue positiva por lo que por ahí, habría pasado la decisión de externalizar a partir de 2023 el programa. Consultado el municipio de Cochrane, señalaron que a la fecha no ha habido ningún contacto con ProCultura en el marco de este programa.
***ACTUALIZACIÓN: Según el medio digital El Mostrador, el sábado pasado, el académico y cientista político Juan Pablo Luna, miembro del directorio de Democracia Viva, escribió una carta en que señala que conocidos los hechos se comunicó con Daniel Andrade, ex director ejecutivo y fundador de Democracia Viva, para expresarle que deseaba salir de la fundación, lo cual debió hacerlo a través de una notaría. “Firmé mi renuncia en cuanto me fue posible, el 16 de junio”, aseveró el académico.
Misma situación se conoció de parte de la profesora universitaria Kathya Araujo quien dijo la semana pasada que apenas se enteró de lo que había ocurrido, por medio de la prensa, renunció al Consejo Asesor de Democracia Viva.
Según El Mostrador, otros integrantes del Consejo Asesor es cancillería estuvo bastante requerida por la prensa ayer, debido a que una de sus más altas funcionarias, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, con rango de embajadora, María Cecilia Cáceres Navarrete, figura como integrante del Consejo Asesor, instancia en que también aparecen otras personalidades del mundo académico y de las ONG, como Ezio Costa o Leonardo Moreno, entre otras.
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