La ONG -vinculada a referentes de Revolución Democrática- que ha desatado un alto costo político de autoridades de Gobierno, es investigada por Fiscalía a partir de supuestas irregularidades tras recibir desde el Minvu millonarios recursos. La Universidad de Aysén tuvo actividades relacionadas con la fundación en Coyhaique en 2022.
Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp
Periodista
Este martes la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio respecto a los convenios de transferencia de recursos, suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de esa región con la Fundación Democracia Viva, y los vínculos del director de la ONG y militante de Revolución Democrática (RD), Daniel Andrade, y supuestas irregularidades en las trasferencias de $426 millones.
A nivel regional, el trabajo de Fundación Democracia Viva llegó en 2022 hasta Coyhaique, en coordinación con la U. de Aysén y como parte de la programación de la Escuela de Verano que desarrolló durante el verano el plantel académico, entre el 24 y el 28 de enero.
La información consta en el Facebook de la U. de Aysén, y en su web que difundió la actividad y la agenda de trabajo conjunto.
Al respecto, la propia fundadora de la ONG, Catalina Guzmán, comentó en una nota de prensa que estaban involucrándose con 2 iniciativas en la zona, “El Maletín Constituyente” y el “Proyecto Pregunta”.
Aunque no existe información sobre el tipo de convenio de esta colaboración en particular, según la información institucional de la universidad regional, las actividades estuvieron centradas “en el proceso constituyente, y a través de la que se realizarán talleres, cabildos, conversatorios y actividades culturales”.
Asimismo, la ONG destacó en su cuenta de Facebook, en marzo de este año, a la rectora Natacha Pino, como una de las integrantes de su Consejo Asesor, relevando una entrevista publicada en el Diario Concepción.
Y aunque la organización tiene desde julio 2021 presencia en redes sociales, fue a principios de 2022 que se creó con personal jurídica en Ñuñoa. Democracia Viva se autodefine como una “fundación sin fines de lucro que tiene como misión institucional conectar a personas, organizaciones e instituciones con espacios de participación política, logrando tener incidencia en el debate público a través de la co-creación política, cultural y académica”.
En su web en una declaración de 6 puntos aseguran que “en el proceso de adjudicación de los convenios, la fundación cumplió con todas las normas y procedimientos correspondientes”.
También responde a los cuestionamientos sobre la pareja de la diputada Pérez, señalando que “respecto al rol de Daniel Andrade, es importante informar que en octubre de 2022 el mismo presentó su renuncia al cargo de Director Ejecutivo y comenzó su desvinculación legal con la fundación. El procedimiento de formalización de este acto se encuentra aún en proceso. Con todo, es importante recalcar que Daniel Andrade no ha recibido ningún tipo de remuneración procedente de los convenios, ni de la fundación”.
CÍRCULO POLÍTICO
Fue el pasado 7 de junio, cuando la diputada Yovana Ahumada (IND. ex PDG), ofició al entonces seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, sobre 3 transferencias de dinero -por trato directo- a la Fundación Democracia Viva por un total de $426 millones.
Transcurrió poco más de una semana hasta que estalló la polémica, al conocerse los círculos políticos que giraban en torno a los convenios adjudicados, que cuestionan la premisa básica, que indica que el Estado debe contratar con absoluta imparcialidad y no que primen relaciones ni de militancia ni de parentesco ni de afinidad ni de cercanía, para asignar recursos, bienes o programas.
Así, se estableció que el representante legal de la fundación Democracia Viva, era Daniel Andrade (RD), actual pareja de la diputada RD Catalina Pérez. También se conoció que el seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, había sido jefe de gabinete de Pérez.
De esta manera, el pasado fin de semana presentaron su renuncia el seremi Contreras, lo mismo el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, quién tenía contrato además como asesor de la Subsecretaría de Defensa, quien presentó igualmente su desvinculación a la cartera.
TRANSFERENCIAS MILLONARIAS
Según lo informado por el medio digital Timeline de Antofagasta, los convenios fueron firmados por Andrade durante octubre del año pasado, cuando ya había ingresado como asesor a la Subsecretaría de Defensa.
El primer convenio, el 3 de octubre del 2022 por $200 millones, otro el 27 del mismo mes por $170 millones y el último el 19 de diciembre por $56 millones.
Según lo indicado por la Fiscalía, “buscará establecer si los hechos de los cuales, la comunidad ha tomado conocimiento a través de distintos medios de comunicación, son o no constitutivos de delitos”.
El efecto político es igual o aún más amplio. Las esquirlas llegaron al Gobierno al filtrarse el correo electrónico, enviado el 2 de mayo, por la Asociación de Funcionarios del Serviu, presidida por Carla Olivares, documento que puso entre los destinatarios de la información a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (militante de RD), además de un extenso listado de autoridades de la cartera que encabeza Carlos Montes.
REACCIONES POLÍTICAS
La oposición, Republicanos y la UDI especialmente, han levantado fuertes críticas y la intención de judicializar las acciones, mientras desde el oficialismo, han “separado aguas” con mucha rapidez.
Ayer, el Consejo Político de RD pidió al Tribunal Supremo que se expulse de sus filas a la pareja y al ex asesor de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade y Carlos Contreras, respectivamente, señalando que “los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, han infringido nuestra normativa interna vigente”.
Por su parte, la diputada por el distrito 3 de Antofagasta, Catalina Pérez, decidió suspender su participación en la Mesa de la Cámara como segunda vicepresidenta, y descartó estar involucrada en los millonarios acuerdos entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo con la fundación de su pareja.
)Pérez enfatizó no estar dispuesta a “tolerar ni a aceptar que se busque endosarme a mí, responsabilidades por actos que cometen terceros (…) Aquí hubo un error de juicio político grave, aquí hubo un error de criterio político grave, y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras, don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente como corresponde”.
Desde el Frente Amplio, el diputado Gonzalo Winter (CS) calificó de “inaceptable” el comportamiento de los miembros de Revolución Democrática.
Misma reacción vino desde el Gobierno, a través del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS) Ministro Montes, quien no descartó una querella y llamó a Democracia Viva a restituir los recursos asignados, señalando que “lo sensato y razonable” es que la fundación ponga fin al convenio, ante lo cual la cartera dará inicio a un proceso “de término para la restitución de los recursos”. Para ello, el titular del Minvu reveló que “enviamos un equipo investigador a la región de Antofagasta, para informarnos de todas las situaciones que se están provocando y los antecedentes que lograron recabar. Y logramos recuperar información relevante que entregaremos directamente a la Fiscalía”.
“Tenemos que tener el mismo estándar”, dijo en las últimas horas el Presidente Gabriel Boric, dejando en claro también su cuestionamiento a los convenios y comprometiéndose a que modificará los mecanismos de asignación de recursos.
***ACTUALIZACIÓN: Según el medio digital El Mostrador, el sábado pasado, el académico y cientista político Juan Pablo Luna, miembro del directorio de Democracia Viva, escribió una carta en que señala que conocidos los hechos se comunicó con Daniel Andrade, ex director ejecutivo y fundador de Democracia Viva, para expresarle que deseaba salir de la fundación, lo cual debió hacerlo a través de una notaría. “Firmé mi renuncia en cuanto me fue posible, el 16 de junio”, aseveró el académico.
Misma situación se conoció de parte de la profesora universitaria Kathya Araujo quien dijo la semana pasada que apenas se enteró de lo que había ocurrido, por medio de la prensa, renunció al Consejo Asesor de Democracia Viva.
Según El Mostrador, otros integrantes del Consejo Asesor es cancillería estuvo bastante requerida por la prensa ayer, debido a que una de sus más altas funcionarias, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, con rango de embajadora, María Cecilia Cáceres Navarrete, figura como integrante del Consejo Asesor, instancia en que también aparecen otras personalidades del mundo académico y de las ONG, como Ezio Costa o Leonardo Moreno, entre otras.
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