Con 3 semanas en paro y una en toma de las dependencias universitarias, los alumnos del plantel estatal de la región lograron que sus demandas de pago oportuno de becas y problemas de infraestructura, escalaran hasta el Consejo Regional y la Cámara de Diputados.
Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp
Periodista
El lunes 15 de mayo comenzó la paralización de actividades académicas en la Universidad de Aysén y luego de 2 semanas el conflicto se amplió a la toma de las dependencias por parte de los estudiantes el pasado viernes en la noche, reclamando un petitorio de 11 puntos en que se abordan temas internos de las carreras, como también temáticas transversales a todo el estamento estudiantil.
En el documento, dado conocer el pasado 27 de mayo, precisaron que las demandas se relacionan con falta del cumplimiento y otorgación de becas, problemas de transporte para actividades académicas, condiciones dignas para la realización de clases e inclusión, entre otros.
Asimismo, criticaron, en la declaración que “la rectora Natacha Pino nunca se ha pronunciado ni siquiera en respuestas de correos que se le han hecho llegar, pero sí ha hablado de nuestra movilización en otras instancias y nos hemos enterado por las redes sociales de la universidad”.
Es por ello que los firmantes concluyeron con la medida de toma de los campus 1 y 2 del plantel de educación superior, buscando presionar a la rectora para que dé respuesta expedita a las demandas.
La universidad emitió una declaración el miércoles 24, confirmando el paro de las 8 carreras y de tener conocimiento del petitorio, para cual aseguró se inició un proceso de trabajo conjunto. Sin embargo, los alumnos en toma replicaron que la declaración “reproduce información errónea e incluso contradictoria dentro de los dichos en tal mensaje, y tal acción solo demuestra que su prioridad es limpiar una imagen que elles mismos han ensuciado con sus acciones y no establecer medidas mínimas para que la comunidad universitaria en general pueda desenvolverse de forma digna”.
Una decena de académicos del Departamento de Ciencias Sociales también se pronunciaron esta semana con una declaración de 9 puntos. En ella, manifiestan su preocupación por la toma de las dependencias, respaldando las demandas estudiantiles e instando a la rectora Pino para que junto a su equipo directivo se reuniera con los alumnos, “esperamos que nuestra rectora guíe el dialogo con una mirada académica centrada en el desarrollo de la universidad y el bienestar integral de sus estudiantes”.
En tanto, este miércoles 31, Pino sostuvo un encuentro cara a cara con los estudiantes en toma, sin llegar a un acuerdo final, aunque logrando algunos avances, no obstante, se mantiene la ocupación de las dependencias universitarias, al menos hasta este viernes, cuando se evaluara con la asamblea del alumnado si continúan con las medidas de presión.
CORES SOLIDARIZAN CON ESTUDIANTES
El conflicto salió a las calles y el jueves 25, un grupo de estudiantes marcharon hasta la Gobernación Regional de Aysén, donde encontraron eco transversal en los consejeros regionales, entre ellos, Marisol Martínez (PS), Raúl Rudolphi (RN), Loreta Villegas (Ind. Evópoli), Paula Acuña (Ind. RD), Marcos Gillibrand (Ind. Evópoli), Felipe Klein (DC), Omar Muñoz (UDI) y Jorge Abello (DC), entre otros.
Noelia Sandoval, vocera del Movimiento de Estudiantes de la U. de Aysén, planteó los puntos a los Cores y exigió respeto por el alumnado que no ha recibido respuestas claras.
A nombre de los Cores, Jorge Abello dijo que solidarizaban con los alumnos y comprometió gestiones ante la U. de Aysén, Ministerio de Educación y Ministerio de Transportes y con la Universidad de Chile, entidad tutora “para que nos explique por qué todavía tiene que seguir acompañando (a la Universidad de Aysén) y como ellos se van a hacer cargo para que esto vaya mejorando en el tiempo”.
Abello hizo un llamado a la rectora de la U. de Aysén, señalando que “aquí ha faltado diálogo, la universidad tiene proyecciones, hay recursos por miles de millones dando vuelta, pero para los estudiantes pareciera que esto todavía no es prioridad”.
Y aunque concluyó que se citaría a la rectora Natacha Pino a la sesión del CORE del pasado viernes, la presencia de la autoridad universitaria en el plenario no se concretó, pues se excusó.
DIPUTADOS PIDEN INTERVENCIÓN
En tanto este martes 30, la situación fue expuesta en la Comisión de Educación de la Cámara, instancia en que la diputada Marcia Raphael (RN) dio a conocer las razones de la paralización de actividades de los estudiantes de la universidad regional.
“Recordemos que ellos se encuentran en paro hace 2 semanas y en estos momentos tienen tomadas las dependencias de la universidad ya que no se ha respondido a sus demandas”, dijo la congresista de oposición, agregando que “es un universidad nueva y tiene salas que se llueven, están con baldes al lado estudiando, están sin clases, están en condiciones paupérrimas de infraestructura (…) lamentablemente en esta situación hoy no ha existido un voluntad de diálogo por parte de las autoridades de la universidad, la rectora no ha tenido ninguna cercanía, tiene un interlocutor“.
Raphael solicitó que se oficie al Ministerio de Educación y a la Subsecretaría de Educación Superior para que puedan a solicitar los antecedentes y tomar cartas en el asunto.
Por su parte, el diputado René Alinco (Ind.) fue más allá y citó la Ley N°20.800 que define la figura de administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior, y que establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.
“Es un problema grave” dijo Alinco, al referir a la situación actual del centro universitario aysenino, asegurando que el plantel “está quebrado” y detallando que solo en arriendos la U. de Aysén paga más de mil millones de pesos.
“Es una demanda realmente histórica de los ayseninos y ayseninas, pero al poco tiempo nos dimos cuenta que las cosas no estaban funcionando bien (..) nuestra universidad está quebrada, económicamente quebrada, alrededor de 4 a 5 mil millones de pesos”, indicó René Alinco.
Por tanto, el diputado de Aysén pidió al presidente de la Comisión, Gaspar Rivas, oficiar a las autoridades del Mineduc para que intervengan la universidad pública de Aysén, argumentando los artículos 3 y 4 de la Ley N°20.800, y advirtiendo el peligro que se cierre la casa de estudios superiores, aclarando que las demandas de los estudiantes “son legítimas”.
Remató en que el inciso c) del artículo 4 de la normativa, se señala “Dar inicio al procedimiento de revocación de reconocimiento oficial. ¿Saben lo que significan eso? Que nuestra universidad corre el peligro que se cierre y nunca más los ayseninos y ayseninas vamos a tener la posibilidad de tener una universidad propia, que sea el eje del desarrollo o que lleve nuestra esencia, nuestra cultura, nuestra identidad patagona”.
En el mismo sentido es que concluyó diciendo que “el problema de fondo es mucho más serio de lo que se ha comunicado a través de los medios de comunicación, donde la señora Pino, que es la actual rectora con su consejo superior, boca cerrada, niegan todo y que todo está bien”.
Tras Alinco, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) agregó que lo expuesto es de “extrema gravedad” y solicitó invitar a las autoridades de educación a exponer en la Comisión, lo cual se aprobó como acuerdo.
ESCENARIO PRE-ELECTORAL: ¿SIN REELECCIÓN?
Todo lo anterior resulta una compleja “antesala” de las próximas elecciones en las cuales Natacha Pino podría buscar la reelección, o bien ser la oportunidad de renovar el liderazgo actual. Ambos escenarios son un camino incierto.
El primero, porque es la gestión de la rectora en ejercicio, precisamente, la que es cuestionada transversalmente, pues parte por los estudiantes y alcanza a los académicos, y en esta ocasión siguió a nivel de integrantes del Consejo Regional y de parlamentarios de la zona, donde ahora podría involucrar al Gobierno, en cuanto compete al Ministerio de Educación.
Hace algunos meses Pino había comentado en su círculo de confianza la intención de continuar por un nuevo periodo, algo que ahora seguramente está evaluando con un escenario que no está muy a su favor. Y es que tiene enfrente el segundo gran conflicto con movilización de la comunidad universitaria, luego de las protestas ocurridas en 2020 en el centro de Coyhaique debido a las sendas omisiones y lenta reacción de las autoridad universitaria en el caso del profesor Néstor Ítalo Carrera Arenas, quien primero fue imputado por el Ministerio Público como autor del delito de violación de mayor de 14 años (contra una estudiante), antes que la universidad activará los protocolos por las denuncias internas hechas un año antes, especialmente la que llegó a tribunales y que databa de julio de 2019, acusándolo mientras ejercía su rol de profesor de la casa de estudios estatal. En febrero de 2021 el académico fue dejado en prisión preventiva por la justicia, y aunque finalmente fue liberado de cargos, por “falta de pruebas”, el sumario administrativo interno que posteriormente instruyó la rectoría, concluyó recién en agosto de ese mismo año, resolviendo la destitución de Carrera Arenas, cuando ya cumplía arresto domiciliario en Osorno.
Hoy, el entorno de Pino no es el de julio de 2019, cuando por un voto derrotó a la entonces rectora María Teresa Marshall. El grupo de apoyo con quienes logró llegar al cargo, ya no están con la misma pasión, compromiso ni adhesión, pues buena parte era una facción de militantes de Revolución Democrática que asumieron junto con Natacha Pino, algunos de los cuales hoy se han distanciado e incluso varios abandonaron la militancia.
Respecto a que se levante la opción que otro académico o académica se postule a liderar la consolidación del plantel regional de educación superior, también es por ahora “una vía en construcción”, porque al no existir una cultura compacta de unidad entre el estamento de docentes e investigadores, como se ha visibilizado en las movilizaciones, se suma una plantilla que hoy alcanza a un padrón de 60 académicos que estarían en condiciones de votar en la elección, que debería acontecer a mediados de julio, votos que podrían variar y disminuir con los preparativos formales que debe cumplir el Tricel universitario, para validar a cada uno de los sufragantes.
Se agregan desafíos importantes, como los pormenores que se conocen del estado de compromisos pendientes de la universidad ante el alumnado, en infraestructura y especialmente a nivel financiero, contabilizando actualmente alrededor de 650 alumnos y cerca de 280 funcionarios, de los cuales unos 70 son académicos. Las cifras más que un aumento exorbitante -considerando que es lógico un incremento en el desarrollo de toda vida institucional- representa una relación desequilibrada de un crecimiento inorgánico que ha tenido el plantel, sin demostrar los resultados que hoy lo tienen bajo el escrutinio público, si se piensa que al asumir Natacha Pino, solo eran 25 académicos, además de 50 funcionarios y 300 alumnos. Es decir, se duplicó el alumnado, pero se triplicó y más el estamento de funcionarios, muchos de ellos a honorarios.
SIN CAMPUS PROPIO NI AUTONOMÍA
A una tercera licitación debe ir la construcción del proyecto que considera un edificio institucional para la U. de Aysén, tras 2 intentos fallidos en los meses de maro de 2021 y 2022 que han quedado desiertos por no ser el monto de $8 mil millones considerado suficiente por los oferentes para concretar la obra que contempla 3 pisos, con una superficie de 3 mil 500 m2, incluyendo 20 salas de clases, 4 laboratorios de docencia, 6 salas de tutoría, biblioteca, cafetería y el espacio de oficinas para 38 académicos.
Tampoco el proceso de acreditación fue el esperado, pese a que incluyó una campaña comunicacional desde la universidad, en diciembre del año pasado, para concretar lo que se denominó “el sueño”. Lo evidente es que quedó ‘al debe’ en este último año del periodo de la rectora Pino. Básicamente, no se logró el objetivo de autonomía, y es que el resultado de la gestión en los últimos 3 años solo alcanzó para el más bajo de los niveles de acreditación universitaria, a diferencia del nivel avanzado -de 4 a 5 años- que sí logró la Universidad de O’Higgins, creada a la par que la de Aysén.
Así con solo 3 años de acreditación básica en áreas de docencia de pregrado y gestión institucional, el próximo rector o rectora de la universidad estatal regional de Aysén deberá continuar bajo la tutoría de la Universidad de Chile y volver a someterse a un proceso de evaluación. Claro que en este escenario la U. de Aysén puede seguir sólo con lo que tiene implementado, estando impedida de aumentar vacantes e impartir nuevos programas o crear nuevas sedes, quedando ello al análisis de la Comisión Nacional de Acreditación, una situación que no puede reiterarse en 3 años más, pues comprometería todo el proyecto universitario.
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