Aysén recibiría unos $11 mil millones adicionales de aprobarse Ley de Royalty Minero

La iniciativa que se discute en el Congreso, sería una importante nueva fuente de ingresos al Gobierno Regional y a 300 municipios del país, estimándose que la región tendría el mayor ingreso per cápita de todo Chile.


Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp 
Periodista

Exactos $10 mil 919 millones ha estimado el Ministerio de Hacienda que recibirían las arcas fiscales del Gobierno Regional de Aysén, si se aprobase la ley que busca gravar con nuevos tributos la actividad minera. Si se considera que en 2022, el GORE local tramitó poco más de $53 mil millones, la eventual inyección de recursos ‘frescos’ desde el nivel central implicaría un 20% más del total anual que hoy realmente invierte la billetera FNDR.

  Fue en el recién pasado mes de abril que la autoridad económica del Gobierno, el ministro Mario Marcel informó personalmente a los gobernadores regionales y alcaldes del país sobre la distribución de fondos del proyecto de Royalty Minero.

    La iniciativa, que ya tuvo su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, propone que el 35% de la recaudación esperada -unos US$450 millones- sean distribuidos en municipios y gobiernos regionales, a través de 3 líneas:

1Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

2Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, más de 302 municipios recibirán recursos por esta vía. 

3Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros. En total son 31 comunas beneficiadas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins. 

   Así, según el cuadro informativo dado a conocer por Hacienda, aunque la Región de Aysén obtendría recursos por vía de las 2 primeras líneas, éstos serían superiores a lo que recibirían por el royalty otras regiones como Magallanes o Arica y Parinacota. De hecho, en el cálculo per cápita, Aysén tendría el mayor ingreso país, al tener la más baja densidad de población regional a nivel nacional con 108 mil habitantes, alcanzando poco más de $101 mil promedio por cada uno.

MEJORAR GESTIÓN Y EJECUCIÓN

«Con esto estamos dando un paso muy importante en términos de generar mayores fuentes de ingresos propios para los gobiernos regionales y municipios del país, y es un avance relevante en materia de descentralización», señaló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien junto a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y su equipo de asesores se reunieron con la Asociación de Gobernadores de Chile, encuentro que contó con la asistencia de la gobernadora de Aysén, Andrea Macías.

A fines de abril, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó los primeros artículos de la iniciativa de ley, discusión que seguirá en el mes de mayo en el Congreso.

De aprobarse el proyecto de ley, el desafío regional que se cierne sobre la gestión local del GORE comienza, fundamentalmente, por resolver en qué áreas y proyectos se invertirán los nuevos recursos. Segundo, que esa decisión sea lo más participativa posible, no sólo quedando al arbitrio de las sesiones de los consejeros y consejeras regionales junto a la gobernadora Macías, sino que alcance a la visión de los municipios y las organizaciones sociales. Y, por último -y probablemente lo más relevante a la hora de concretar logros en beneficio de la región- que la gestión de la ejecución de contar con mayores recursos financieros sea más eficiente y efectiva. Ello significa dialogar más con los equipos encargados de tramitar cada una de las iniciativas sectoriales y apoyar decididamente a las unidades técnicas responsables de generar proyectos financiables, por lo que es un trabajo técnico-político que hasta ahora ha estado ‘al debe’, según demuestran las cifras finales del FNDR Aysén de 2021 y 2022, debiendo devolver el GORE recursos a Santiago, o dicho de otra forma, dejando recursos sin invertir, mientras varias demandas de necesidades críticas siguen sin abordarse año a año.

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