El caso que se formalizó judicialmente en agosto del año pasado, en la Provincia de General Carrera, sentenció los ilícitos cometidos por el entonces policía de investigaciones contra sus colegas de institución, en distintas localidades de la Región de Aysén.
El Juzgado de Garantía de Chile Chico falló en un procedimiento abreviado y condenó a Y. A. M. B. a la pena de 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, por igual tiempo de la condena, en calidad de autor de
Los ilícitos perpetrados entre junio y agosto de 2020 en las comunas de Chile Chico, Cochrane y la localidad de Cerro Castillo, ocurrieron mientras el condenado era funcionario activo de la Policía de Investigaciones.
En la resolución, el juez Guillermo Frene Candia, aplicó al ahora ex policía a la pena accesoria legal de la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, y la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de derechos políticos.
Asimismo, se dispone como pena accesoria la interdicción del derecho de ejercer la guarda y a ser oído como pariente en los casos que la Ley señala, y la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal. La sujeción consistirá en informar a Carabineros de Chile, cada 3 meses, de su domicilio actual.
Durante el cumplimiento de la sanción, Y. A. M. B. deberá sujetarse al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de una intervención individualizada, debiendo cumplir además con la condición especial del artículo 17 ter de la misma ley en su letra a) esto es, la obligación de permanecer en su domicilio desde la 00:00 a las 06:00 horas del día siguiente por el tiempo de la condena.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.
Según una este tipo de ilícitos al interior de la PDI son más comunes de lo que se visibiliza públicamente. En su crónica, de fines de enero de este año, el medio periodístico da cuenta de los registros de denuncias contra funcionarios de la PDI a los que tuvo acceso y, en particular, por agresiones sexuales -acoso, abuso y violación- que maneja la propia policía civil.
De esta manera, precisa que en nómina, confeccionada por la Inspectoría General de la institución, contabiliza 78 denuncias entre 2018 y 2022. En 24 de ellas la acusación indica que las afectadas serían menores de edad. Solo en 11 de estos últimos casos se inició un sumario, mientras que en los restantes 13 no hay registro de investigaciones internas o sanciones. De las 24 denuncias que involucran a menores, 21 dieron origen a una causa judicial, aunque solo 6 continúan vigentes en el Ministerio Público.
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