Presidente Gabriel Boric asumió “desprolijidades” en la otorgación de 13 indultos, aceptando también la renuncia de su jefe de gabinete Matías Meza Lopehandía. Ambos cargos eran de militantes de Convergencia Social, el mismo partido en que milita el mandatario.
Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp
Periodista
“Debido a que hubo desprolijidades, en la ejecución de mi decisión, de conceder indultos y considerando armas la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he deicido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera”, dijo ayer el Presidente Gabriel Boric al confirmar la primera “baja” de su gabinete ministerial en este 2023.
El mandatario enfatizó que “cuando se cometen errores de esta naturaleza, se deben asumir las responsabilidades políticas”.
CADENA DE ERRORES: ¿11 O 13?
Y es que los 13 indultos dados a conocer como facultad presidencial al finalizar el año pasado, no solo pusieron en entredicho al Gobierno y a Boric, sino que revelaron una serie de imprecisiones y levantaron polvareda política con la oposición, con la Corte Suprema y con las fuerzas políticas oficialistas.
Desde la génesis al comunicar hubo errores y confusión, tanto en la cantidad (primero eran 11, luego 13) como en la claridad de quiénes eran los beneficiados, con diferencias en la nómina de los comunicados que emitieron el Ministerio de Justicia y luego “corregidos” por La Moneda.
Así, el listado final quedó en:
1. Juan Bastián Olguín Rivera.
2. Bastián Ignacio Campos Gaete.
3. Jordano Jesús Santander Riquelme.
4. Luis Arturo Castillo Opazo.
5. Felipe Eduardo Santana Torres.
6. Cristián Marcelo Cayupan Queupil.
7. Francisco Andrés Hernández Riquelme.
8. Sebastián Emmanuel Montenegro Coo.
9. Claudio Anatanael Romero Domínguez.
10. Brandon Sebastián Rojas Cornejo.
11. Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez.
12. Matías Elías Rojas Marambio.
13. Jorge Mauricio Mateluna Rojas.
Del listado, Luis Castillo (con amplio prontuario penal) y Jorge Mateluna (ex frentista) estaban en el centro de los cuestionamientos de partidos como la UDI y RN.
“NO SON DELINCUENTES”
Que “son jóvenes que no son delincuentes”, o que el juicio en tribunales que declaró culpable a uno de los beneficiados había tenido “irregularidades”, fueron frases que utilizó el Presidente Boric para defender su decisión y que lo puso en colisión directa con la Corte Suprema que inmediatamente recordó las facultades de cada poder del Estado, con una fuerte “rayada de cancha” jurídica y constitucional.
“Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales”, dijo en un comunicado los ministros del más alto tribunal del país.
¿LEY DE SEGUROS PARA INDULTAR?
Al intentar retrucar, Boric volvió a resbalar, cuando personalmente emitió una alocución desde La Moneda, confundiendo el número de la ley que otorga la facultad de indulto.
“Independiente de mi opinión personal respecto del caso en cuestión, el indulto otorgado a Jorge Mateluna se funda en las atribuciones que, como Presidente de la República me otorgan la Constitución y las leyes. En particular, la Constitución en su Art. 32 N°14 y la Ley 19.050 que fija las normas generales para conceder indultos particulares”, sostuvo el mandatario.
No obstante, es la Ley 18.050, de 1981, la que en su artículo primero indica que “toda persona que se encuentre condenada podrá solicitar al Presidente de la República que le otorgue la gracia del indulto, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y en su reglamento”.
La normativa que Boric mencionó para justificar el indulto a Mateluna, la Ley 19.050, corresponde a una norma del Ministerio de Hacienda de 1991 que trata sobre los seguros de responsabilidad civil y daños a vehículos de terceros.
Corregido nuevamente el error, la sostenibilidad de la credibilidad del Presidente y de los equipos de La Moneda, así como la consistencia de argumentos, pertinencia del momento del anuncio y de la toma de decisiones que ejerce la primera autoridad del país, ya estaban horadadas.
Y no es que el indulto sea un tema tabú, en rigor, el primer indulto de Boric fue en marzo de 2022, apenas a 13 días de haber asumido, cuando otorgó el beneficio a Byron Soto Rojas, joven de 22 años de edad, que padecía cáncer testicular en etapa 3, con metástasis cerebral y pulmonar, y quien entonces permanecía internado en el hospital de Valdivia.
Soto Rojas estaba condenado a 10 años de cárcel por robo. La misma ministra Marcela Ríos firmó el respectivo decreto en esa ocasión por orden presidencial. No hubo reparo alguno.
La cuestionada ministra Ríos, sumó al tema indultos, las fallidas elecciones para Fiscalía Nacional, que desde noviembre han más que ‘enrojecido’ al Gobierno y sus aliados en el Senado, por falta de manejo político para posicionar uno u otro nombre propuesto por el Presidente.
Así las cosas, La Moneda terminó por dejar caer a Ríos Tobar, y con ella, también al jefe de gabinete presidencial, el abogado Matías Meza Lopehandía, ambos de militancia en Convergencia Social (CS), el mismo partido de Gabriel Boric, y el de autoridades de Aysén como la seremi de la Mujer, Andrea Méndez; el seremi de Cultura, Felipe Quiroz, o la consejera regional Paula Acuña.
Pese a que en otras dimisiones ministeriales, durante 2022, Convergencia Social en Aysén se ha referido públicamente a la situación, en esta ocasión ha mantenido absoluto silencio, así como el resto de las fuerzas políticas oficialistas.
CONVERGENCIA ACATA
La tienda política sin duda resintió el ‘golpe’ de la cadena de errores acumulada, con la salida de 2 de sus militantes en la más alta esfera de Gobierno, y por ello la reacción en prensa, del diputado y presidente del partido CS, Diego Ibáñez, fue alinearse inmediatamente con el Ejecutivo, evitando agravar la crisis con nuevas ‘olitas’.
“Creemos que gobernar es un acto colectivo donde siempre hay que estar abierto a las evaluaciones y a las correcciones y a las responsabilidades políticas”, dijo Ibáñez.
Seguido, agregó que “nosotros respaldamos al Presidente Gabriel Boric en la nominación del nuevo ministro de Justicia (…) y por cierto que a la ministra también de parte de nuestro partido le agradecemos por su esfuerzo y respaldamos la decisión de nuestro Presidente”, mientras en el caso de Meza-Lopehandía, señaló que “cuando el Presidente toma decisiones, estas tienen que ser acompañadas de equipos que estén abiertos a la evaluación continua”, reconociendo, que “estamos en un momento complejo, creo que hay que reconocerlo, hay que ser autocrítico también”.
Casi en el detalle, queda consignar que quien reemplazará a la ex ministra Ríos en Justicia y DDHH, será el abogado Luis Cordero Vega, quien asumirá el cargo la próxima semana por encontrarse fuera del país.
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