Uno de los condenados es Jorge Cáceres Vásquez, alias “Matanga”, hijastro de la jueza de Garantía Cecilia Urbina, actualmente suspendida por prevaricación y revelación de secreto, y acusada de informar al imputado sobre las investigaciones que se desarrollaban en su contra.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique dictó este martes veredicto condenatorio en contra de 9 personas por delitos establecidos en la Ley 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes.
Los condenados son Alexis Iván Barría Villegas, María Ignacia Olmedo Oyarzún, Diego Javier Araneda Guenel, Sonia Francisca Barraza Pacheco, Rodrigo Andrés Salazar Vargas, Jorge Albert Cáceres Vásquez y Cristina Johana Carrasco Piffaut en calidad de autores del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes, con la agravante de formar parte de una agrupación o reunión de delincuentes.
LAS MORISQUETAS DE CÁCERES VÁSQUEZ
Uno de los imputados Jorge Cáceres Vásquez, apodado “Matanga”, es hijastro de la suspendida jueza de garantía Cecilia Urbina Pinto contra quien se abrió una querella de capítulos por delitos de prevaricación y revelación de secreto, investigación que busca establecer la supuesta entrega de antecedentes a Cáceres, respecto de indagatorias que la justicia desarrollaba sobre él.
En la audiencia telemática, que se desarrolló por más de 2 horas con los representantes de las partes, la presidenta del tribunal, magistrada Mónica Coloma Pulgar, llamó severamente la atención al acusado Cáceres Vásquez, señalando que “evite hacer morisquetas o hable en el lugar que se encuentra, toda vez que está en un juicio y se está dando a conocer el veredicto y debe guardar el debido respeto a la audiencia, si usted continua en esa actitud se le va ha hacer abandonar el lugar en el que se encuentra”.
En lo estrictamente judicial, en tanto, el tribunal consideró a los hermanos Dany Gregory Carrasco Santana y Camilo Andrés Carrasco Santana, como autores del delito de tráfico de drogas, ilícito cometido el 16 de abril de 2021, en la comuna de La Cisterna.
La investigación dio cuenta de un total de 48 testigos, 28 pruebas periciales, 47 documentales y otros 57 medios de prueba, que tuvo disponible el Ministerio Público para el juicio oral de ilícitos que fueron perpetrados, entre diciembre de 2020 y abril de 2021, en las comunas de Santiago, Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique.
COCAÍNA, CANNABIS Y DROGAS SINTÉTICAS
Las diligencias de este caso fueron efectuadas coordinadamente por la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de la PDI, Brianco de Coyhaique, otras brigadas de diversas regiones y, la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía en la Región de Aysén, como parte de una nueva indagatoria por tráfico ilícito de estupefacientes que logra ser desbaratada gracias al trabajo conjunto del Ministerio Público y la PDI en esta zona del país.
Tras un mes de juicio, los jueces del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal condenaron a 7 imputados por los delitos de tráfico ilícito de drogas con la agravante de actuar en grupo, establecida en el artículo 19 letra A, de la ley 20.000, y a otros 2 imputados por tráfico de drogas, del artículo 3 de la ley 20.000.
Es así como en resolución unánime (causa rol 23-2022), el tribunal –integrado por los magistrados Mónica Coloma Pulgar (presidenta), Patricio Zúñiga Valenzuela y Rosalía Mansilla Quiroz, (redactora)– tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia de los delitos como la participación culpable de los acusados en los hechos.
En la causa, el tribunal decretó la absolución, por falta de acreditación del delito, de Barría Villegas, Olmedo Oyarzún, Araneda Guenel, Barraza Pacheco, Salazar Vargas, Cáceres Vásquez, Piffaut y Sebastián Alejandro González González, de los cargos formulados en su contra por la fiscalía que los sindicaban como autores del delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas. Además, González González, quedo exento de responsabilidad por falta de participación, como autor del delito de tráfico ilícito de drogas, siendo así el único imputado que quedó en libertad sin medidas cautelares, y quien fue representado por el abogado Lorenzo Avilés.
El tribunal arribó a la convicción, más allá de toda duda razonable que, a lo menos, desde diciembre de 2020 y hasta abril de 2021, los acusados Barría Villegas, Olmedo Oyarzún, Araneda Guenel, Barraza Pacheco, Salazar Vargas, Cáceres Vásquez y Carrasco Piffaut, procedieron a adquirir, transportar, acopiar, para luego distribuir y comercializar drogas de distinto tipo en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique.
En tanto, cerca de las 20:10 horas del 16 de abril de 2021, los hermanos Carrasco Santana fueron detenidos en la calle Carlos Biaut de la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana, luego que el primero acordó reunirse con un tercero, que resultó ser un agente revelador debidamente autorizado, para hacer entrega de un bolso con un frasco de vidrio con 600 gramos netos de cannabis sativa y 317 estampillas con la sustancia 4-Bromo-2,5 o brolanfetamina.
De acuerdo a la acusación presentada por la fiscal María Inés Núñez, en el grupo delictual existía una estructura de mando y roles específicos de sus integrantes, asumiendo cada uno diversas responsabilidades para la recepción, acopio, transporte, distribución y comercialización de sustancias ilícitas como clorhidrato de cocaína, diversas drogas sintéticas y cannabis.
De acuerdo a lo mencionado en el juicio oral, por la fiscal Núñez, su modus operandi -en general- consistía en adquirir droga desde la zona centro del país para acopiarla posteriormente en Puerto Montt. En la capital de la Región de Los Lagos, se mantuvo el centro de operaciones para el tráfico de drogas, para luego ser distribuida y comercializada en diversas comunas del sur de Chile, entre ellas Coyhaique, Puerto Varas y Puerto Montt, ilícito que fue detectado por la fiscalía y Policía de Investigaciones.
Las penas para las y los imputados, 5 de los cuales tenían residencia en Puerto Montt y Puerto Varas, 2 de Santiago y 2 de Coyhaique, serán conocidas en la audiencia de lectura de sentencia del próximo viernes 14 de julio a las 15.00 horas, el cual será redactado por la magistrada Rosalía Mansilla.
Para este caso, la Fiscalía solicitó penas que oscilan entre los 7 y 20 años de presidio para las y los imputados.
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