Por Marcelo Santana V.
Alcalde de Río Ibáñez y Presidente de la Asociación Regional de Municipios de Aysén
La aplicación del Subsidio a la Calefacción para la Región de Aysén, más conocido como “Bono Leña”, materializa este año, una visión centralista del actual Gobierno, a pesar que éste dirige sus promesas en una dirección opuesta. Este beneficio que mantiene por casi 10 años, un aporte de $100 mil para familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), pone nuevas trabas a los residentes de sectores rurales de la Región de Aysén.Quienes administramos estas zonas desde los municipios, podemos ver que incluso, muchos sectores rurales ni siquiera cuentan con una Caja Vecina disponible, como ocurre , Península de Levicán, Lago Alto, Lapparent, entre otros sectores de la comuna de Río Ibáñez.
Según la normativa del beneficio, quienes no posean una Cuenta Rut deberán cobrar este monto en una Caja Vecina, sin embargo, dicha modalidad que es propia de comunas aisladas de nuestra Región con menos de tres mil habitantes, como Lago Verde, Villa O’Higgins, Tortel, Río Ibáñez y Guaitecas, no cuentan con la capacidad de solventar la entrega masiva del bono.
Dicho esto, queda de manifiesto que las familias campesinas, deberán trasladarse a centros urbanos donde exista cajas de Banco Estado, y así poder acceder al beneficio, teniendo que costear los altos precios del transporte interurbano, alimentación y en algunos casos pernoctación.
No se entiende la forma actual de pagar el beneficio que cambia al Fosis, como entidad pagadora, cuyo equipo recorría las zonas aisladas para entregar el bono de forma presencial; por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien no contempla un despliegue territorial, desconociendo en gran medida la realidad de los pobladores más aislados de nuestra Región.
Este año se destinaron más de $2 mil 800 millones para el Subsidio de Calefacción, es decir, $100 millones más que el periodo anterior. Con mayor razón, es primordial buscar nuevas medidas que den una respuesta real a las necesidades de las comunidades rurales, para que vivir en estas zonas no sea motivo de desmedro en las políticas públicas presentes, cuya función final no es segregar, sino llegar por igual a todos los chilenos.
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