Por Jorge Díaz Guzmán @JdiazguzmanCom
Hace unas semanas, tuve la oportunidad de ser la primera persona en exponer una iniciativa constitucional, ante la Comisión de Forma de Estado y Descentralización de la Convención Constituyente, que sesionó en la localidad de Puerto Cisnes en la Región de Aysén.
En la ocasión propuse, se considere una norma constitucional, que reconozca como territorio especial a la Patagonia chilena, una zona que por sus características agroclimáticas, agroecológicas y particularidades económicas, sociales y culturales únicas, nuestra carta fundamental debiera reconocerle como territorio especial y, con ello, el Estado Chile pueda generar políticas públicas diferenciadas, respecto del resto del país.
En mi exposición, di ejemplos del trato excepcional que aplica la Unión Europea a sus territorios de ultramar o periféricos. También me referí a la normativa especial que goza el estado de Alaska por parte de EEUU; a la solución que llegó Japón respecto de la isla de Hokkaido para desarrollar desde el punto de vista económico y, fundamentalmente, generar estados de bienestar a su población y, por último, también abordé el ejemplo argentino sobre su territorio patagónico.
En Chile, solo existe una política diferenciada -con rango constitucional- hacia un territorio: Isla Rapa Nui y Juan Fernández, existiendo respecto de la Patagonia solo decretos y leyes especiales, que no tienen rango constitucional y, por tanto, fáciles de derogar y/o cambiar según sea la visión del ente legislador o gobierno de turno. Precisamente, solo una norma constitucional puede proyectar en un espacio de tiempo, un trato especial que asegure, por una parte, el desarrollo económico y social, considerando las características, principalmente desde el ámbito del privilegio ambiental y, por otra, la importancia geopolítica que tiene este territorio, no solo para el país, sino que también para el planeta en su conjunto.
La Patagonia chilena representa el 34% del territorio nacional, es decir, 256 mil 87 km2, y en él vivimos menos del 2% de la población del país. Esto no significa que tengamos, a toda costa que aumentar la población de habitantes en esta parte del extremo sur, sino más bien lo que se requiere son instrumentos que permitan que a esa escasa población, se le asegure el bienestar –social y económico- sin que la escasa densidad poblacional sea un factor que determine el acceso o no, a los bienes y servicios de los que gozan los habitantes de las grandes ciudades y regiones del resto del país.
También se debe considerar, entre otras cuestiones, que la Patagonia Chilena contiene el 92% de los parques nacionales y poco mas de 8 millones de há de bosque nativo; además existen los recursos hídricos dulces más relevantes del país, con sus 2 Campos de Hielo más cercanos a la línea del Ecuador y ríos, como el Futaleufú, Palena, Cisnes, Simpson, Ibáñez, Baker y Pascua en Palena y Aysén; y el Serrano, Gallegos, Ciaike, Grey y San Juan, en Magallanes; por nombrar los más caudalosos junto a un centenar de lagos como el General Carrera, Cochrane y O’Higgins, Toro, Sarmiento, Pehoe y Nordenskjöld, los cuales están entre los más grandes de todo el territorio de la república.
Respecto de su maritorio, por sus características de fiordos y canales, y sus miles de islas, la Patagonia es atractiva para el cultivo de diversas especies marinas, que pueden proveer de las proteínas de la más alta calidad a gran parte del globo, amén de sus especies endémicas y por ello requieren de un cuidado especial, que debiera estar expresado en la Ley de Pesca y Acuicultura, con normas diferenciadas, de tal manera que asegure los recursos hidrobiológicos a las futuras generaciones y terminar así con la práctica de la pesca ilegal, que según estimaciones oficiales, quintuplica la extracción y captura, que por cuotas se asigna a la industria y a los pescadores artesanales de nuestra Patagonia.
Tengo confianza en que nuestro representantes en la Convención Constituyente sabrán recoger esta iniciativa y que otras entidades regionales harán fuerza para conseguir un reconocimiento constitucional de este gran territorio, y así poder asegurar a nuestras futuras generaciones, que también puedan disfrutar de él.
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