El proceso cuestionado por Contraloría ocurrió mientras estaba en el cargo Geoconda Navarrete Arratia, quien no se ha referido al tema.
Contraloría General de la República en Aysén arrojó recientemente un informe sobre la auditoría y examen de cuentas realizada a la adquisición y distribución de canastas de alimentos y otros, llevada a cabo por la Intendencia Regional de Aysén mientras Geoconda Navarrete fue primera autoridad regional durante 2020.
“Se constató la existencia de 926 beneficiarios que recibieron la canasta de mercaderías, quienes -según el análisis realizado- se encuentran en los tramos de calificación socioeconómica del 80% al 100%, los cuales corresponden a la población de mayores ingresos y menor vulnerabilidad”, dice el Informe 395-2020 del órgano contralor.
La investigación se enmarca en la segunda etapa del programa “Alimentos para Chile”, creado para ir en ayuda de las familias más vulnerables que producto de la pandemia por COVID-19 han visto afectadas sus fuentes de ingresos.
La revisión tuvo como propósito verificar si las adquisiciones de alimentos y servicios relacionados al antes referido programa y los gastos asociados a ellos se ajustaron a las disposiciones normativas vigentes en lo referente, entre otros aspectos, al principio de legalidad del gasto, a la acreditación, contabilización de los mismos, resguardando los principios de eficiencia, eficacia y economicidad.
Por ello es que se verificó si la entrega de los productos a los beneficiarios fue correcta, si éstos cumplían con los requisitos para acceder a los mismos y si el proceso de selección fue objetivo.
“CANASTAS FANTASMAS”
De acuerdo a la auditoría, se corroboró que la Intendencia de Aysén compró 7 mil 920 canastas de alimentos, mediante la modalidad de trato directo al proveedor Sociedad de Servicios de Alimentación S.A. (SOSER), por un monto de $430 millones 56 mil (8 mil 657,74 UTM). Se trata de una revisión aleatoria que en total consideró la compra de 18.371 canastas a este proveedor. En cuanto a la empresa, es de Santiago y es conocida como abastecedora de servicios de alimentación a Junaeb, y parte de un amplio conglomerado de empresas de la familia Rey Cortés que se amplía a rubros con participación en el Terminal Pesquero Metropolitano, empresas financieras y vitivinícolas, entre otras.
Otras 2.000 canastas de alimentos fueron adquiridas a la empresa Ok Market Spa de Coyhaique, lo que suma un final de 20 mil 371 unidades adquiridas por Intendencia en agosto de 2020.
En esta etapa, se detectó no sólo que el beneficio se destinó también a 133 personas que trabajan en la administración pública y otras 33 familias que recibieron dos veces la ayuda estatal, contemplada en el programa «Alimentos para Chile», además se dio cuenta de casos de personas que cumpliendo requisitos de vulnerabilidad no recibieron el beneficio, en ninguna de las entregas
Lo más llamativo es que Contraloría verificó que “un total de 22 personas recibieron canastas de alimentos, en condiciones que, a la fecha de su entrega conforme a los datos consignados en la plataforma informática habilitada al efecto por parte de la Intendencia Aysén, éstos se encontraban fallecidos, de acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Registro Civil e Identificación”.
El informe de 68 páginas constató, asimismo, observaciones en varias cajas en que los productos alimenticios estaban dañados, vencidos o faltantes.
Por las diversas irregularidades, la Contraloría instruyó que la Intendencia Regional en plazo de 15 días hábiles desde haber sido notificada “deberá incoar un procedimiento disciplinario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas del personal involucrado en los hechos allí descritos”.
EPD Noticias intentó contactar telefónicamente a la ex intendenta y actual candidata Constituyente por Evópoli, Geoconda Navarrete, sin lograr obtener hasta ahora respuesta a este requerimiento.
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