Por Andrea Ríos Escandón
Estudiante 2° año de Trabajo Social, U. de Aysén.
Por estos tiempos el Plebiscito Constituyente cobra gran relevancia en el debate político y social del país. Chile se encuentra ad portas de un referéndum ciudadano que se proclama como un proceso inédito en la historia de los gobiernos “democráticos” de la nación chilena. En este punto, se hace necesario hacer un alto y reflexionar sobre el concepto de democracia que ha primado en el escenario político de Chile, ¿Cuál es el contexto histórico y político en cuál se enmarca este posible proceso constituyente? ¿Cuáles son las garantías para el pueblo en este proceso? ¿Se está frente a un proceso democrático en estricto rigor? Por otra parte, aclaro, esta opinión no busca dar un sentido fatalista al asunto, sino más bien hacer una lectura crítica a este proceso político.
Al revisar el concepto de democracia, en su significado más elemental, según la Real Academia Española de la Lengua se refiere a la “forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos”. En ese sentido, al hablar de plebiscito, el cual corresponde a una forma de participación política cívica, lo que puede venirse inmediatamente al imaginario colectivo de los chilenos y chilenas es el proceso que marcó el fin del régimen militar en Chile el año 1988, en el cual votaron 7 millones 236 mil 241 ciudadanos y ciudadanas asistieron a las urnas para sufragar, y de los cuales un 54,70% votó NO a la continuidad de la dictadura militar en el país. Asimismo, si ahondamos aún más atrás se encontrará otro proceso consultivo ciudadano el cual ratificó, en el año 1980, la Constitución elaborada por la entonces Junta Nacional de Gobierno, también orquestado en época de la dictatura militar de Augusto Pinochet, en un contexto donde existieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos y se perpetraron crímenes lesa humanidad.
En relación con lo anterior, al situarse en el escenario actual de una posible nueva Constitución, las condiciones no parecieran ser muy diferentes, puesto que en su último informe anual el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró un total de 3 mil 442 personas heridas por agentes del Estado en el contexto de las protestas sociales del estallido social de octubre del año pasado.
Una de las hipótesis del último levantamiento ciudadano habla de una crisis de representatividad de la clase política actual, que no ha sabido responder a las justas demandas ciudadanas, tales como el derecho a una salud, pensiones, educación, entre otros. Han sido más de 30 años durante los cuales los chilenos han visto sus derechos vulnerados y cansados de esta situación han salido a protestar y exigir una vida más digna.
Pero, al hablar de nueva Constitución ¿cuáles son las alternativas que se sortean en este proceso? En caso que la opción de aprobar una nueva Constitución sea elegida por la mayoría del electorado, existen 2 vías para la elaboración de la carta fundamental: la Convención Mixta, compuesta por un miembro de elección popular y parlamentarios por partes iguales y, por otra parte, la Convención Constituyente, que corresponde a la totalidad de miembros de elección popular. Por consiguiente, la problemática se sitúa en que ambas vías incluyen a la clase política por la cual el pueblo se levantó en contra el pasado 18 de octubre, la cual no supo responder a las necesidades ciudadanas durante tantos años, aún teniendo la oportunidad de hacerlo en sus mandatos presidenciales, y ¿por qué la dificultad?, porque resulta contradictorio que el sistema electoral que regirá este proceso de votación es el mismo que fue instaurado en la última Constitución, cuyo contexto de fundamentación ya se explicitó anteriormente, un sistema de elecciones que, aunque ha sido modificado en el último tiempo, sigue favoreciendo a las facciones político partidistas en desmedro de las fuerzas independientes y populares.
En efecto, el poder político sigue perpetuándose en unos pocos y no reside en la mayoría, en este aspecto es difícil hablar de un proceso democrático propiamente tal. Por otra parte, el problema se agudiza al indagar sobre cómo fue que se construyó esta alternativa constituyente a través del llamado “Nuevo Pacto Social para Chile”, donde la voz ciudadana no tuvo ningún tipo de participación.
Considerando todo lo anterior, es posible afirmar que las garantías para la ciudadanía no son las óptimas para dar paso un proceso constituyente legítimamente democrático, en el entendido de que se da en el marco de un Estado que ha violado los derechos humanos de las y los protestantes, y porque quienes tendrán acceso a redactar la carta fundamental, en la práctica, seguirán siendo en su mayoría, a excepción de uno u otro independiente que pueda acceder a conformar la convención constituyente, los partidos políticos que se han perpetuado en el poder y han propiciado el modelo actual que encarna la profunda desigualdad social en Chile. En este escenario, la esperanza reside en que los partidos se pongan a disposición de las demandas ciudadanas por voluntad propia, de lo contrario las manifestaciones y movimientos ciudadanos continuarán actuando en forma directa, marcando la pauta en el quehacer de la clase política.
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