Docente ganó juicio por vulneración de sus derechos fundamentales en la escuela “Pioneros del Sur”, lo que obliga al municipio a indemnizarla con más de $22 millones.
“Golpeé todas las puertas y ninguna puerta se abrió”, señala Jéssica Sánchez Paillán, profesora de Educación General Básica, quien desde 2015 y hasta 2018 trabajó en el único establecimiento educacional de la comuna de O’Higgins. Asegura que tras ser desvinculada para el año lectivo 2019 y ganar un juicio contra el sostenedor de la Escuela “Pioneros del Sur” -por vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión de su despido- ahora continúa hacia ella un hostigamiento y persecución desde el municipio.
Fue en 2017, cuando Jéssica Sánchez -por primera vez- es desvinculada de su contrato, que tenía vigencia hasta fines de febrero de 2018, como establece la ley docente. Señaló a EPD Noticias que la notificaron sin ningún argumento de respaldo, ante lo cual la docente presentó los antecedentes a la Contraloría Regional, la que amparó el reclamo dictaminando en su oficio (435-2018) que fuera reincorporada en los mismos términos y dando continuidad a sus labores en Villa O’Higgins.
Y es que la docente que llevaba la jefatura de cursos básicos, tenía a su favor la denominada ‘confianza legítima’ que se establece con 3 o más contratos seguidos con el mismo empleador público, en este caso la austral municipalidad de la Región de Aysén.
TENSA REINCORPORACIÓN EN 2018
Sin embargo, en marzo de 2018, la situación lejos de normalizarse, se tensionó todavía más. Lo anterior, porque comenzaron a acontecer una serie de hechos para dificultar su regreso a las aulas. “En el inicio del año escolar, presentaron a todo el cuerpo docente menos a mí, y luego me informa la encargada del establecimiento que, por orden del sostenedor que es el alcalde, no podía firmar el libro de asistencia”, recuerda la profesora Jéssica Sánchez.
Por ello, decidió dejar una constancia diariamente en la Subcomisaría de Carabineros de Villa O’Higgins para establecer que estaba asistiendo a su lugar de trabajo.
Si bien de abril en adelante, con la comunicación oficial de Contraloría al municipio, se normalizó el registro de su asistencia, prosiguieron acciones desde el municipio para evitar que desempeñara su labor educativa.
Fue así, que a la profesora oriunda de Coyhaique, durante el resto del año 2018 no se le asignaron funciones, ni jefatura de curso, y se le trató como profesora reemplazante, siendo que el órgano contralor sancionó que su reintegro de labores debía ser en las mismas condiciones que 2017.
“Hice algunas clases, a gotera, me sentaba en la sala de profesores y luego me iba (…) yo creo que aproximadamente no hice más de 2 meses de clases en todo el año, si juntara todos los días de 2018”, puntualizó la docente.
Finalmente, le notifican en noviembre de 2018 que terminaba su contrato en febrero de 2019, argumentándose en esta ocasión que se modificó el Padem (Presupuesto Anual de Educación Municipal) lo que implicó que la escuela ya no requeriría profesores de Educación General Básica, aunque Sánchez dice que igualmente contrataron este tipo de docentes durante 2019, cuando ella ya estaba desvinculada.
RESPALDO EN TRIBUNALES
A partir de este nuevo despido, la profesora Sánchez sostuvo reuniones con personeros de la Seremi de Educación Aysén, incluso con el Colegio de Profesores regional, con quienes finalmente no alcanzó resultados a su favor. Añade, que tal vez la lejanía de la comuna respecto de Coyhaique conspiró para una fiscalización o interés más profundo de estas situaciones.
Es así como la serie de hechos la llevaron a presentar una acción judicial en el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Cochrane, logrando un fallo a su favor, el 5 de junio de 2019, que establece que el municipio de O’Higgins “vulneró sus derechos fundamentales”.
“El empleador lesionó el derecho fundamental de la trabajadora de derecho a la vida e integridad física y psíquica y, consecuencialmente, su derecho a la libertad de trabajo con ocasión de la renovación de su contrata”, sostiene el dictamen del tribunal del Baker.
A esta sentencia de Cochrane, hace 10 días, el pasado 9 de julio, la Corte de Apelaciones de Coyhaique falló con un rechazo, de segunda instancia, el recurso de nulidad presentado por la municipalidad y el alcalde Roberto Recabal, que pretendía dejar sin efecto la sentencia de 2019.
“HE TENIDO QUE PEDIR QUE ME DEJEN EN PAZ”
A la fecha, con la sentencia contra el municipio, la educadora debe recibir una indemnización de $22 millones. Sin embargo, explica que a raíz del desgaste personal por el trato, perder su fuente laboral, deber trasladarse de comuna e incluso de región, le ha arrastrado problemas de salud, constatándose en ACHS el diagnóstico de Trastorno Adaptativo, cuadro que se relaciona con traumas y factores de estrés.
“He tenido que pedir hace un mes atrás que me dejen en paz”, asegura Jéssica Sánchez, y lo gráfica al conocer recientemente algunas actas del concejo municipal de Villa O’Higgins, correspondientes al mes pasado, donde –a su juicio- se intenta dejar una imagen distorsionada de sus acciones.
“Por ejemplo se ha informado –y está en acta- que yo habría exigido más de $60 millones como indemnización, y que gracias a la acción del alcalde y su asesor jurídico se rebajó esa cifra a poco más de 22 millones. Es mentira. Lo que realmente ocurrió es que demandé por el mal trato recibido y una situación que han vivido varios profesores de la comuna, pero la indemnización o el dinero fue lo último que establecimos con mi abogado y como consta en los procesos llegó al monto actual, tras ir subiendo por las ilegalidades cometidas por el sostenedor contra mi persona”, aclaró la profesora.
Asimismo, precisó que en el concejo municipal se le ha acusado de no querer entregar la casa fiscal que tenía asignada, señalando un concejal la posibilidad de demandar a la profesora, debido a estos sucesos -que la perjudican- y que se establecen como ciertos.
La profesora replicó que en 2019 en cuanto tuvo respuesta del tribunal de Cochrane, comenzó el proceso para entregar el inmueble, el 2 de agosto de ese año. “Pero no me lo quisieron recibir. Hice todo con respaldo, vía correo electrónico, dirigido al alcalde Recabal y a la encargada de educación municipal, y tras esta formalidad con fotografías de apoyo, entregué la llave y la casa, incluso en mejores condiciones que cuando la recibí en 2014”.
Jéssica Sánchez Paillán, ya no está en la región, pero comentó a EPD Noticias que espera se concrete el fallo de la justicia, que aunque afecta el patrimonio financiero de uno de los municipios más pequeños de Aysén y pudo ser evitado por el propio sostenedor, sirva de recordatorio y lección a las autoridades quienes deben actuar siempre conforme a la ley respetando a los profesores, cualquier funcionario público o trabajador
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