Oposición criticó entrega de canastas como un “show” y hasta de proselitismo político, por lo que llamó a respetar la dignidad de las familias beneficiadas.
Como un hecho “lamentable, de imprudencia y de aprovechamiento político”, catalogaron los presidentes regionales del Partido Radical (PR) y Democracia Cristiana (DC), la entrega de canastas de alimentos iniciadas por autoridades regionales en el marco de las medidas para mitigar el impacto producto de la pandemia COVID-19.
Y es que en un comunicado con fotografías y audio -difundido por Intendencia de Aysén este martes- el gobernador de Aysén, Manuel Ortiz, destaca estar “contento, porque partimos lo que el Presidente nos pidió con tanta premura (…) que don Víctor haya recibido junto a su señora esposa este ‘obsequio del Gobierno’ para pasar en mejores condiciones y de mejor manera la pandemia que estamos viviendo a nivel país”.
La entrega se realizó a una humilde familia que habita en un campamento de Puerto Aysén, hasta donde llegó un séquito de autoridades encabezadas por la intendenta Geoconda Navarrete, el gobernador de Aysén, el presidente del Consejo Regional de Aysén, Sergio González; el core Eligio Montecinos y varios seremis, según consigna la propia autoridad provincial. Todo ello ara entregar una caja con provisiones en el marco del programa Alimentos para Chile, anunciado por el Presidente Sebastián Piñera.
“SE ATENTA CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS FAMILIAS”
El presidente del PR en Aysén, Jorge Calderón Núñez, señaló que “es entendible que las autoridades quieran marcar un hito comunicacional respecto de una medida que beneficia a las familias más vulnerables, hasta ahí nadie pudiese generar mayor cuestionamiento. Pero otra cosa muy distinta es hacer de esto un despliegue desproporcionado y con una mediatización que atenta, fundamentalmente, contra la dignidad de las familias”.
El presidente de los Radicales en Aysén expresó que “una ayuda en estos tiempos tan difíciles siempre será bien recibida, pero eso no le da el derecho a las autoridades a invadir las viviendas de las familias más vulnerables, fotografiarse, exponerlo públicamente y mucho menos que se inviten a autoridades que nada debiesen estar haciendo y que además han manifestado públicamente su intención de ser candidatos. En algunos casos hay imprudencia, mientras que en otros casos derechamente hay aprovechamiento político y un trato poco digno hacia las personas”.
En el mismo sentido, Marcio Villlouta Alvarado, presidente de la DC en Aysén indicó que “resulta complejo de entender como la autoridad provincial de Aysén señala que las canastas son un “obsequio del Presidente” cuando todos sabemos que no solo es una medida que se encuentra dentro del paquete de ayuda a la familias con motivo de la pandemia y que además estas canastas son el resultado de la gestión de recursos desde el Gobierno Regional, donde concurrieron todos los sectores políticos representados en el CORE en apoyo”.
Villouta concluyó, además, que “tal como lo señalara Benito Baranda, lo que ha hecho el Gobierno es insólito”, lamentando el uso de la entrega de canastas “con fines de proselitismo político, eso es jugar con el dolor y las necesidades de la gente”.
“MÁS RESPETO Y PRUDENCIA CON NUESTRA GENTE”
Por su parte, el consejero regional por la Provincia de General Carrera, Washington Medina, también condenó la utilización del beneficio de parte de las autoridades locales.
“Solicito a los gobernadores mucho respeto y más prudencia con nuestra gente”, planteo Medina, como una fuerte crítica y llamado al Gobierno, agregando que “quiero hacer un llamado a los Gobernadores que no hagan un show mediático de estas ayudas, no es necesario. Necesitamos más tino y más prudencia. La gente merece respeto y no somos quienes para ir a invadir su privacidad y dignidad. Los invito a dejar las cámaras y los ‘flashes’ para después, hoy la prioridad y el foco debe ser nuestra gente”.
El core profundizó, señalando que “creo que en tiempo de crisis tenemos que apoyar a nuestra gente, es nuestro deber, sobre todo a los que más necesitan, en eso estamos todos de acuerdo y nadie podría decir lo contrario. Por ello, desde el Consejo Regional hemos aprobado los recursos para apoyar con alimentos a nuestras vecinas y vecinos, que no es más que devolverles su plata, una plata que administramos pero que, en definitiva, es de todos los chilenos”.
Washington Medina argumentó que “me molesta la forma en que se están haciendo las cosas. Nuestros vecinos anhelan y esperan con mucha humildad y cariño esta ayuda, adultos mayores, mujeres con hijos, personas en delicado estado de salud, algunas que incluso han perdido sus trabajos y que reciben de muy buena forma estos alimentos”.
Finalmente, el consejero Medina se refirió a los problemas de coordinaciones y logística, ya que aunque “hace meses todos sabíamos que se iban a entregar estos alimentos, nadie se preparó en su momento. Hoy queda en evidencia la falta de coordinación de las autoridades con un nivel de improvisación nunca antes visto (…) hay un nivel de desinformación extremos en que la gente no sabe si le corresponde o no recibir alimentos ni dónde acudir para que así sea”.
CONTRALORÍA: “SON BENEFICIOS DEL ESTADO, NADIE PUEDE ATRIBUÍRSELOS”
Para la Oposición, es evidente que las autoridades están haciendo caso omiso de las prevenciones normativas realizadas por Contraloría General de la República en esta materia (Ver recuadro)
De hecho, a lo sucedido en Aysén se suma la acción encabezado por la Primera Dama, Cecilia Morel, quien junto a diversas autoridades, además de una decena de periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos “invadió” una vivienda, sin respetar las mínimas normas de distanciamiento social, generando criticas de diversos sectores.
Por tal razón, en Santiago, el diputado DC Gabriel Silber presentó a nombre de la bancada de diputados de la DC y de la oposición, un oficio ante la Contraloría y el Servel para que ambos organismos fiscalicen la entrega de las cajas de alimentos impulsada por el gobierno. El documento denuncia un presunto proselitismo político y es el segundo tras la solicitud ingresada ante Contraloría del diputado Alexis Sepúlveda (PR).
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