“Todavía existe justicia en este país”, es la primera impresión que entrega Paula Cruces Pérez en conversación con EPD Noticias, a menos de 24 horas de conocerse el fallo de la Corte Suprema que obliga al Gobierno a reincorporarla al servicio público, tras una desvinculación que el máximo tribunal del país calificó como “ilegal” y arbitraria”.
Somos funcionarios públicos, no somos funcionarios de ningún gobierno y hacemos nuestro trabajo con profesionalismo y compromiso, que tengamos el derecho a un trabajo digno y estable y que se valore por nuestro esfuerzo. Estos meses han sido difíciles, pero también me han permitido fortalecerme aún más”, comentó la ingeniera agrónoma Paula Cruces.
«CONFIANZA LEGÍTIMA»
Cruces, ex dirigente de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Aysén, piensa que su caso, así como el de Sandra Peñaloza en Intendencia de Aysén, marcan un precedente muy significativo, de hecho, a estos 2 casos en la región se sumarían una decena de reincorporaciones por vía judicial a nivel nacional, donde el concepto de la “confianza legítima” se ha fortalecido, aunque hasta ahora sólo en casos de funcionarios a contrata sobre los 10 años de renovación continua.
DESPIDO «ILEGAL» Y «ARBITRARIO»
A fines de noviembre del año pasado, el entonces Jefe de la Unidad Diplade del Gobierno Regional de Aysén, el ingeniero eléctrico José González Banda (actual “asesor” de la Intendenta Geoconda Navarrete), comunicó a Paula Cruces su desvinculación, junto a la Jefa de Recursos Humanos del servicio, Deyanira Rojas Zapata.
La razón esgrimida fue el cambio de perfil en la unidad en que Cruces se desempeñaba. Hoy, la justicia ha reiterado con respaldo jurídico que una desvinculación debe ser posterior a un sumario administrativo o como resultado de una mala calificación fundada del funcionario o funcionaria.
En el caso de Paula Cruces, ingeniera agrónomo y licenciada en Gestión Ambiental, su contratación en 2007 no requirió perfil específico alguno, lo que enfatiza en su argumento el fallo de la Corte Suprema, calificando que el acto administrativo de su despido fue “ilegal» y «arbitrario».
«TENÍA LA ESPERANZA, PERO CON REALISMO»
En estos casi 5 meses que han transcurrido desde su desvinculación efectiva, Paula Cruces asegura que aprendió a “reinventarse”, con apoyo de amigos, de la Asociación de Funcionarios del GORE Aysén, de los Consejeros Regionales y de quienes apoyaron su batalla judicial, los los abogados Marcos Gallegos, en Coyhaique, y Alejandra Miranda, en Santiago.
Sin embargo, la todavía ex funcionaria reconoce que pese a tener siempre la esperanza de un resultado favorable de su caso en la justicia, la cuota de realidad la perseguía a diario, pues los días pasaban y debió comenzar a utilizar sus ahorros y ponerse a realizar pequeñas asesorías para subsistir.
En esa cuota de realismo es que se dedicó a buscar trabajo. Paula postuló a concursos públicos, donde cumpliendo todos los requisitos curriculares en algunos se extrañamente ni siquiera fue llamada a entrevista o a rendir pruebas, lo que a su juicio pone a prueba la transparencia de estos procesos.
Ahora lo único que le preocupa es que a la brevedad se materialice el «cúmplase» de la Corte Suprema. “Espero que el Gobierno Regional haga lo que corresponde y cumpla con la sentencia”, concluyó.
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