Por Miguel Pérez B. @miguelperezbade
Trabajador Social y Licenciado en Ciencia Política
La presente columna tiene por objetivo evidenciar interrogantes que los ciudadanos y las ciudadanas de la Región de Aysén, normalmente, nos hacemos respecto a la calidad de la atención de salud en el sistema regional. En reiteradas oportunidades hemos podido participar en conversaciones que giran en torno al funcionamiento del sistema público regional de salud donde se aprecian profundas críticas sobre largos tiempos de espera en atenciones de especialistas e intervenciones quirúrgicas, la falta de especialistas a escala regional y la evidente diferencia de calidad entre prestaciones de salud pública y privada. Concentraremos nuestro análisis y discusión en torno a este último aspecto, dónde podremos evidenciar serias fallas en el acceso igualitario a una salud digna y mal uso de los recursos públicos.
Cabe señalar que el sistema de salud regional está compuesto, fundamentalmente, por el servicio público de salud y una pequeña red de prestadores privados de centros médicos. El sistema de salud público se compone de una red de atención primaria (consultorios y postas) y prestaciones de mayor complejidad, que todos conocemos como hospitales públicos. El Hospital Regional de Coyhaique es, en esencia, el principal responsable de la atención de salud de alta complejidad, desde donde atienden diversos especialistas, donde además se ejecutan la mayoría de las intervenciones quirúrgicas. En la actualidad este hospital absorbe la mayor demanda regional por intervenciones quirúrgicas financiadas por el sistema público y sistema privado, donde -paradójicamente- esta institución pública ofrece un mejor servicio, más eficiente y expedito para aquellos usuarios que se atienden de manera particular.
«¿Cómo un servicio de salud público genera las condiciones óptimas para prestar un servicio de mejor calidad a quienes pueden pagarlo?»
Quienes han tenido la oportunidad de resolver complejas enfermedades de salud en Aysén, que requieren de la atención de especialistas e intervenciones quirúrgicas, logran dimensionar la nebulosa relación que se establece entre médicos y organizaciones de profesionales de la salud que hacen uso particular del hospital público. En este sentido, las oportunidades de atención de salud están directamente relacionadas con la disponibilidad de recursos económicos para solventar un problema de salud. “Este esquema de mercado ha segregado a los chilenos y los ha condenado a vivir dos mundos paralelos muy distintos, con una salud para ‘ricos’, con alta capacidad asistencial y gran cantidad de recursos disponibles, y otra para ‘pobres’ con muchas carencias, limitaciones asistenciales y un desfinanciamiento crónico del sistema, lo que se refleja en largas esperas para recibir atención”. (“Hoja de Ruta Programa Beatriz Sánchez a las primarias del Frente Amplio”, mayo 2017)
Es así como nuestro hospital público regional es utilizado por organizaciones privadas, como un bien de mercado que privilegia a los sectores sociales con más recursos en desmedro de los sectores más vulnerables de la región. Esto se aprecia en los datos entregados por el Ministerio de Salud en su Informe de diciembre del 2017 (Informe Lista de Espera Atenciones No Garantías Explicitas de Salud, GES, y Garantías de Oportunidad GES retrasadas, diciembre 2017), destacando que en las listas de espera de Aysén, 9 mil 121 personas esperan una Consulta Nueva de Especialidad y 1.003 personas esperan una intervención quirúrgica. En el ámbito de las enfermedades GES el informe indica que 88 personas se encuentran en lista de espera de ser atendidas, cifra muy por encima de los Servicios de Salud de Magallanes y Arica, que tienen 5 y 3 personas, respectivamente.
Desde el punto de vista de la atención privada que se ejecuta en el hospital regional, es necesario investigar profundamente el nivel de cooptación de este espacio público, el cual se genera a partir de la demanda de pacientes con capacidad de pago -ya sea a través de Isapre, pago directo y/o endeudamiento – y la rápida gestión de los equipos médicos privados que organizan aceleradamente todo el proceso. En este contexto, cabe preguntarse, ¿cuál será el tiempo de espera del paciente particular desde que ingresa a la consulta con su especialista y la intervención quirúrgica? Sin tener datos oficiales de aquello, puedo señalar a modo experiencial, que no es más de una semana de plazo. Sorprende en este sentido, la inmensa brecha de atención de calidad que existe entre aquellos pacientes con capacidad de pago (o endeudamiento) versus aquellos pacientes que no cuentan con los recursos para atenderse de forma privada y menos aún especular con realizar este tipo de prestaciones fuera de la región. Todas estas personas dependen del sistema público, están en manos de una buena gestión del servicio de salud para ser atendidas con la celeridad, integridad y ética que toda persona se merece independiente de su condición económica. Donde no es menor considerar que el universo regional del sistema de salud se compone por un 88% de usuarios de Fonasa (87 mil 302) y un 12% de afiliados a Isapres (10 mil 854).
Cabe preguntarse además ¿cómo un servicio de salud público genera las condiciones óptimas para prestar un servicio de mejor calidad a quienes pueden pagarlo?, ¿cómo es posible que profesionales que lucran a través de este sistema de atención privada, sean parte de las decisiones de organización de las listas de espera del hospital regional?, y ¿si el sistema es tan eficiente y rápido en el mundo privado, por qué no hacer mejores gestiones internas para traspasar esa eficiencia al sector público?
Ahora bien, quién será responsable de responder a estos cuestionamientos, donde sabemos que instituciones como la Superintendencia de Salud son organismos técnicos de fiscalización con escasas o nulas herramientas para despejar esta nebulosa. ¿Esperaremos una autorregulación de aquellas organizaciones de médicos que hacen uso de estos espacios públicos? A mi juicio es imposible esperar algo distinto del sector privado, puesto que la lógica de mercado ha transferido la salud pública al sector privado paulatinamente. Desde mi punto de vista, será la ciudadanía la que debe tomar conciencia y exigir una SALUD DIGNA Y DE CALIDAD como un derecho, demandando la creación de un sistema de salud solidario que en su conjunto velará por la reducción de estas brechas sociales.
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