Por Jorge Díaz G. @JdiazguzmanCom
Comunicador Social
Desde hace un tiempo las regiones vienen exigiendo mayores grados de autonomía y participación real en las decisiones fundamentales para su desarrollo. Al respecto, la opción política del país -después de la traumática experiencia del federalismo de 1826– ha sido, mantener un país unitario, con grados de descentralización y regionalización, dando lentos pasos para que las diversas regiones del país se autogobiernen.
Tras el Golpe de Estado de 1973, la división política administrativa cambió de provincias a regiones: 12 más una Metropolitana donde se radicó la Capital del País. Luego, se agregaron las de Arica y Parinacota, y la de Los Ríos (2007), y en 2018 la Región del Bío Bío, capital Chillán. Es decir, 16 regiones en total, que debieran identificarse por sus nombres y no por el número como fue originalmente.
Desde el punto de vista político, una vez recuperada la democracia en 1990, se inició el proceso de descentralización con la creación de los Gobiernos Regionales (GORE) en 1992 y de los Consejos Regionales (CORE), los cuales luego de la reforma constitucional realizada por la Presidenta Bachelet en su primer periodo, pudieron ser elegidos por la ciudadanía, recién a partir de 2013.
«A través de elecciones democráticas las y los jefes políticos de cada región, sean elegidos por la ciudadanía y eso sí cambiará el eje de las decisiones fundamentales».
No obstante, aún las regiones perciben que las decisiones más relevantes se siguen tomando en el centro del país y hay razones para sostener aquello. Hoy a 26 años de que se instalara el primer GORE, el fondo que se define íntegramente en las regiones (FNDR), no sobrepasa el 25% de la inversión que el gobierno nacional hace en cada territorio. De las autoridades político-administrativas que conducen los gobiernos en cada región (Intendentes, Gobernadores, Seremis y Directores Regionales), todas dependen jerárquicamente de quienes habitan el Palacio de La Moneda y de las sedes ministeriales, que circundan las dos cuadras en torno a la Plaza de la Constitución. Es decir, hasta hoy, las regiones no pueden dibujar su futuro si no existe el visto bueno de la autoridad central.
Pero hay una buena noticia para las regiones de Chile, especialmente para las que están lejos del centro, como la nuestra, luego de la reforma constitucional también presentada por la ex Presidenta Bachelet en su segundo periodo, se pudo lograr el consenso para que a través de elecciones democráticas las y los jefes políticos de cada región, sean elegidos por la ciudadanía y eso sí cambiará el eje de las decisiones fundamentales.
En octubre de 2020, las regiones -me atrevo a decir- vivirán el proceso eleccionario más relevante de su historia. Ese día, elegiremos por primera vez a la primera autoridad regional, legitimada por la ciudadanía, será una persona que con su cuerpo de consejeros, con un servicio administrativo del cual será el jefe superior y con una relación de poder horizontal con los representantes del gobierno nacional, podrá gobernar la región y por tanto tomar un conjunto de decisiones relacionadas con el desarrollo económico, social y administrativo de cada región del país. De ahí en adelante, sin duda, las hasta mezquinas atribuciones se irán incrementando en cada periodo.
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