La aspiración de los dirigentes políticos es que los integrantes del Concejo Municipal de Coyhaique en aras de la probidad y cumpliendo con su deber, presenten los antecedentes disponibles para que sean sopesados por el Tribunal Electoral Regional (TER), que tiene la facultad de destituir al jefe comunal.
En conferencia de prensa, los principales representantes de los partidos de la Concertación y el Partido Comunista (PC) en la Región de Aysén plantearon la necesidad de llevar al Tribunal Electoral Regional, el caso de falta a la probidad administrativa que afecta el alcalde de Coyhaique, Omar Muñoz Sierra.
Nelson Maldonado, presidente del PS en la región de Aysén, valoró el que la Contraloría se pronunciará ante esta situación que comprometió al edil coyhaiquino en torno al proyecto HidroAysén.
«La Contraloría nos ha respondido qu efectivamente hay una falta a la probidad por parte del alcalde, que él debió abstenerse en estos actos administrativos y al no hacerlo, naturalmente, se configuran allí actos graves de falta a la probidad», comentó.
Enfático, Juan Catalán, cabeza del PC local, señaló que «el alcalde Omar Muñoz, lamentablemente le ha mentido a la ciudadanía. El alcalde Omar Muñoz debió haberse restado con la finalidad de dar transparencia, precisamente, al proceso de evaluación del proyecto HidorAysén y, en este sentido, con el solo hecho de intentar privilegiar un negocio personal, es que intentó burlar el sistema de manera torpe y burda».
Y es que fue la resolución del pasado 16 de marzo emitida por el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, la que determinó mediante Dictamen 15.860, que el alcalde UDI de Coyhaique, Omar Muñoz, faltó a la probidad al momento de emitir pronunciamientos técnicos en el marco de la evaluación de HidroAysén. Esto por poseer 2 terrenos en el área de inundación del proyecto, lo cual está consignado en el EIA de la hidroeléctrica, y por el cual recibiría una indemnización de llegar éste a materializarse.
La resolución señala expresamente que “esa circunstancia pudo comprometer potencialmente la imparcialidad con que aquella autoridad debía actuar en el proceso de evaluación de dicho proyecto, procediendo que se hubiera inhabilitado de intervenir en cualquier acto que se relacionara con este, por encontrarse afectada por la inhabilidad prevista en los citados artículos 62, N° 6, de la ley N° 18.575, y 12, N° 1, de la ley N° 19.880″.
CONTRALORÍA NO SANCIONA
El dictamen de Contraloría -a 6 meses de haberse formalizado la entrega de antecedentes- confirmó al mismo tiempo que la única posibilidad de sanción al alcalde por este actuar, es que un grupo de concejales presente un requerimeinto ante el Tribunal Electoral Regional (TER).
En este sentido, serían los concejales de oposición -Hernán Ríos (PS), Silvia Moreno (PRSD) y Jorge Díaz Arana (Ind.)– quienes materializarían la próxima semana la acción contra el edil coyhaiquino.
Karina Acevedo, presidenta del PRSD local, apuntó a «emplazar por sobre todo a los concejales, aquí hay una acción de 3 concejales que están apoyando esta moción de poder hacer una presentación al Tribunal Electoral, pero hay 3 concejales adicionales que son de la Alianza que deben pronunciarse, no por un tema partidario sino por un tema de probidad, de llevar transparencia a lo que se ha hecho y a lo que hace la municipalidad».
Por su parte, el representante del PPD en la zona, Joaquín Soto, puntualizó que además «se ha vulnerado el artículo 70 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades que dice que el alcalde no podrá participar en la discusión o votación por asuntos en que le o sus familiasres hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tengan intereses, aquí es un hecho palpable que vulneró ambas leyes».
Finalmente, el timonel de la DC regional, Carlos Torres, explicó que este no es un hecho político en un año de campaña, porque primero se recopilaron todos los antecdentes jurídicos del caso y se presentó al órgano contralor en septiembre de 2011.
«Aquí hemos esperado el pronunciamiento de estas instituciones y así como hoy día tomaremos los plazos necesarios para ir tomando otras acciones; el gobierno, los representantes de la Alianza también deben ir dando explicaciones como en el caso del alcade, así como también ocurrió en el caso del presidente de Renovación Nacional y consejero regional José Rodríguez Encalada, que tienen muchas cosas que aclarar en temas de probidad».
ESPERANDO NUEVO DICTAMEN
Entre los antecedentes vinculados a la probidad presentados en septiembre del año pasado por Claudia Torres y Paz Foitzich se señaló que el “señor Muñoz Sierra debió abstenerse de participar en la emisión de determinados actos administrativos municipales, por encontrarse relacionados con dicho proyecto”.
Asimismo hicieron pública de una situación similar vinculada al ex seremi de Vivienda, Nicolás Terrazas, cuyo hermano UDI Pablo, tenía a la fecha 4 terrenos aledaños al del edil, lo mismo que Luisa Acuña, esposa del diputado del mismo partido David Sandoval.
Además, Contraloría indica que que los informes técnicos emitidos cuando concurrían causales de inhabilidad no pueden ser impugnados y, por último, que no llamar a plebiscito sobre temas relacionados con los proyectos hidroeléctricos cuando el alcalde tenía terrenos en el área de inundación de HidroAysén, no correspondía porque ambos temas (plebiscito e HidroAysén) no estaba directamente vinculados.
En este contexto, las organizaciones aún están a la espera que la Contraloría emita un dictamen por la presentación que los dirigentes de oposición hicieron en Coyhaique, donde piden un pronunciamientos sobre la pertinencia o no de llamar a plebiscito sobre temas relacionados con proyectos hidroeléctricos.
El alcalde Omar Muñoz en la ocasión rechazó convocar esta consulta instituida por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Publicado por Claudio Díaz Peña./ Fuente: EPD Noticias