Un interés bajo conflicto….
Por Jorge Díaz Guzmán
jdiazguzman@elpatagondomingo.cl
La Intendenta de Aysén declaró que el cuestionamiento hecho a los consejeros regionales José Rodríguez Encalada y Eligio Montecinos Araya, “es un daño irreparable” para el Consejo Regional, luego que se denunciara, por parte del consejero Rafael Plá y de Patricio Aylwin Fuentealba, un supuesto conflicto de inetreses. Lo cierto es, que más allá de la cobertura de la noticia, de las eventuales implicaciones que tenga este caso, creo que lo que sí genera este hecho, es poner en el debate el rol de los consejeros y del Consejo Regional, y a la vez la necesidad de que éstos sean elegidos de manera directa, como los demás cargos de representación popular.
Una de las características del ejercicio de la función pública, en estos tiempos, es el control social que se hace respecto de quienes cumplen ese rol. Hoy, los ciudadanos tienen un mayor interés por la “cosa pública”, concepto republicano del quehacer público, no para sacar ventajas políticas, sino para exigir que en el cumplimiento de las funciones en instituciones del Estado, el objetivo central sea servir a los ciudadanos y no al interés propio. El denominado conflicto de intereses, tan de moda por estos días, se soluciona absteniéndose de participar en las decisiones cuando este es evidente, para eso están las normas de excepción. Entonces, cuando se solicita, que un órgano contralor, investigue eventuales conflictos de intereses, lejos de dañar un cuerpo colegiado, como es el Consejo Regional, lo que hace esa acción es precisamente lo contrario. Si mañana se determina que nada irregular hubo en la votación del proyecto en cuestión, quedará de manifiesto que ahí se votan los proyectos sin miar a quien y si al contrario, hay conflicto de intereses, se reparará el eventual mal uso de recursos públicos.
Quienes juegan roles en la administración del Estado, en las instituciones que definen materias presupuestarias, normas jurídicas o administran justicia, tienen claridad respecto de sus limitaciones e incompatibilidades y cada uno conoce sus propios conflictos de intereses. Por tanto, nadie puede aducir que fue sorprendido, cuando el control social, cuestiona determinadas decisiones. El ejercicio de ese control, debe tomarse como un acto propio de la democracia. Ahora, si hay una acusación y ésta no tiene fundamentos, también están garantizados los derechos que protegen la dignidad y honor de las personas, por eso también, el control social se debe ejercer con responsabilidad.
Un ejemplo digno de destacar en esta materia, que demuestra el frágil límite entre la función pública y un eventual conflicto de intereses, es la conducta seguida por algunos, que administrando justicia, tenían derecho a ser beneficiarios por la ley Valech, que reconoce a las víctimas políticas de la dictadura, sin embargo teniendo presente su rol de magistrados, no obstaron a ese reconocimiento, porque en algún momento podrían ser cuestionados al aplicar sanciones a quienes cometieron violaciones a los derechos de las personas.
Los Consejeros Regionales, cada día tendrán mayor relevancia en nuestra vida ciudadana, las regiones del país exigen mayores grados de autonomía política y presupuestaria, la tendencia es a lograr una mayor regionalización, eso es algo irreversible. La administración de las regiones tendrá como centro al Gobierno Regional y su Consejo, por tanto, el rol de los Consejeros Regionales será cada vez más relevante y serán los ciudadanos quienes los elegirán a través del voto popular y por tanto el control social será mayor.
No dramaticemos al control social, menos el dirigido a la administración de las instituciones del Estado, hoy los ciudadanos se sienten como más poder y eso es una buena señal, nuestra democracia está funcionando y goza de buena salud.
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