¿Hasta dónde somos iguales?
Por Jorge Díaz Guzmán
jdiazguzman@elpatagondomingo.cl
El principio de igualdad ante la ley, es el que establece que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El principio de igualdad ante la ley es incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre o el colonialismo, señala la descripción clásica de este principio.
Este concepto es aceptado por todas las democracias modernas, no obstante, sabemos que muchas veces, por la vía de el ‘amiguismo’, las influencias indebidas y otros subterfugios, de alguna manera se evade, por decir, lo menos.
Hoy el fallo del Tribunal de Garantía de Valparaíso, que decretó 41 días de prisión efectiva en su grado máximo para el diputado René Alinco, de alguna manera evidencia que «otros aires» están circulando por los pasillos y salas del sistema de justicia en Chile. Tanto es así, que el propio congresista, una vez conocida la sentencia, señaló: “yo siempre dije que quería un trato sin privilegios, sin ‘pitutos’ ni influencias de cargo. Yo cometí un error, no pude probar lo contrario y ahora me someteré a la decisión del tribunal».
Sin embargo, la gente «de a pie», el ciudadano común ha tenido la sensación que el principio de igualdad ante la ley es letra muerta, y los privilegios se mantienen para quienes pertenecen a determinado grupo social o que forman parte de alguna estructura de poder.
La sanción del Tribunal de Garantía de Valparaíso para con el diputado Alinco, pone nuevamente en el debate este principio, cuando se compara con otros casos similares. Recordemos el accidente que protagonizó Miguel Piñera Echenique hace un tiempo, luego del cual se da a la fuga, se somete a la alcoholemia en una clínica horas después, y la sanción hasta ahora es desconocida. Otros casos similares, suelen aparecer más en las páginas de la farándula, que en las policiales.
Hoy cuando la ciudadanía manifiesta su enojo, con todo cuanto esté asociado al poder político, económico, confesional o grupos de influencia social, pareciera ser una buena señal la sanción recibida por el diputado Alinco. De alguna manera, más allá de las interpretaciones que se dan respecto del proceso que vivió el representante por Aysén, respecto de otros parlamentarios, que han pasado situaciones similares, la ciudadanía percibe que estamos entrando en una etapa de nuestra convivencia social, donde es difícil «safar» de la justicia y del control social, no obstante se pertenezca a un grupo de poder.
Ahora sólo queda por esperar, que los ejecutivos de La Polar, que engañaron a más de un millón de clientes, al menos reciban la misma sanción que el gasfiter, sorprendido por el programa de TV “En su propia trampa…”
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