COYHAIQUE (jueves 28 de julio 2011).- Cumpliendo con el deber de mantener el orden público dispuesto por Ley, la intendenta regional interpuso 2 querellas en contra de quienes resulten responsables del homicidio del taxista Juan Pablo Fernández y también del ataque al joven conductor Carlos Vargas, hechos que conmocionaron a la población regional debido a la violencia ejercida en los actos.
El día 5 de julio alrededor de las 4:30 horas, Juan Pablo Fernández, conducía un taxi básico, cuando fue abordado por un sujeto. Por razones que ahora son parte del proceso judicial, el actual imputado del caso lo atacó con un arma cortopunzante provocándole la muerte.
La comunidad de Coyhaique, poco acostumbrada a este nivel de violencia, aun no se reponía de la noticia cuando otro taxista fue atacado con el mismo modus operandi, esta vez, era el turno del joven taxista Carlos Vargas. Sin embargo, la historia diría que sobreviviría al brutal ataque.
Respondiendo a la preocupación de la comunidad las autoridades fortalecieron las medidas preventivas, se realizaron reuniones de emergencia con los transportistas, las policías reforzaron el resguardo, hasta que el homicida prófugo fue capturado por Carabineros en el momento preciso en que ya se levantaban mitos al respecto.
Actualmente, existe un imputado -de 17 años- confeso de los hechos. El sujeto se encuentra a la espera del proceso penal, bajo un régimen de internación provisoria dependiente del Sename debido a que no supera la mayoría de edad.
«NO ESTAMOS ACOSTUMBRADOS»
Debido a la conmoción pública producida por los hechos y respondiendo a su deber de resguardar el orden público, Pilar Cuevas argumentó que “ como Ministerio del Interior nos hicimos parte de las acciones judiciales que corresponden en este tipo de casos, no vamos a permitir que este tipo de actos violentos sucedan en nuestra región. No estamos acostumbrados a esto; esta acción viene a cerrar un ciclo que acordamos con los padres en ambos casos y que tiene que ver con apoyar a las victimas y a sus familias”
En el mismo sentido, el asesor jurídico de la Intendencia, Javier Naranjo, señaló que el objetivo de estas acciones jurídicas corresponden al resguardo de la seguridad pública, “la misión de cuidar el orden público, sobre todo, en actos de estas características, recae en la Intendencia Regional, por lo tanto, en representación del Ministerio del Interior, la primera autoridad regional se hace cargo y presenta estas querellas criminales, que en la práctica, también significa llegar hasta el final del proceso judicial, además de entregar apoyo jurídico y multidisciplinario a las victimas y a sus familiares”
Las acciones jurídicas de la Intendencia se enmarcan en las acciones que desarrollará la Unidad de Apoyo a Victimas dependiente del Ministerio del Interior y al Plan Chile Seguro impulsado por el Presidente Piñera, y que considera la instalación de dos oficinas en nuestra región, donde se dispondrá de ayuda psicológica, social y jurídica gratuita a quienes hayan sido victimas de actos violentos.
Fuente: Intendencia de Aysén
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