El verdadero poder de las regiones
Por Jorge Díaz Guzmán
jdiazguzman@elpatagondomingo.cl
Una de las demandas más sentidas en las regiones, es disponer de mayores grados de autonomía en la toma de decisiones, respecto a sus planes de desarrollo, presupuestarias y la generación democrática de sus Consejeros Regionales y el de un representante de la ciudadanía frente al gobierno central. Nuestro modelo de administración unitaria del Estado dificulta el traspaso de poder, que es muy distinto a lo que se ha denominado como traspaso de competencias, esto último no es más que el otorgar facultades técnicas, pero en ningún caso autonomía política.
Para que las regiones, sin perder la administración unitaria del Estado tengan una administración con ciertos grados autonómicos, se requiere de una cirugía mayor al de un instructivo del Ministro del Interior y de 4 reuniones anuales con los intendentes, como lo sugirió Rodrigo Hinzpeter, quien al término de una reunión con los jefes de gobiernos regionales del país señaló: «Chile es un país muy concentrado en la Región Metropolitana y nosotros queremos hacer de las regiones unidades políticas, geográficas, y económicas mucho más descentralizadas que hoy».
Para que eso ocurra, no basta con empoderar a los intendentes con mayores grados de resolución. No es cierto que, mientras los intendentes tengan más poder las regiones también lo tendrán, es exactamente al revés. De hecho, eso ya ocurrió desde 1974, cuando cada intendente tenía el poder absoluto sobre las regiones.
Las regiones tendrán poder y autonomía cuando ellas tengan una figura que represente a la ciudadanía ante el gobierno nacional, cuando quienes administren el presupuesto sea un cuerpo colegiado elegido democráticamente y cuando los servicios públicos planifiquen sus tareas en las regiones y no en la gran manzana de la capital del país. Lo que hoy tenemos es un representante del gobierno nacional, subordinado al poder central y digitado desde el palacio de la Moneda.
Para que las regiones definan sus políticas publica, se requiere de una voluntad del Estado, del gobierno central por cierto, pero también del Congreso y de los partidos políticos tradicionales, que son los más centralizados, con una estructura única, que ha determinado hasta el nombre del candidato o candidata a concejal de la comuna más modesta del país.
El monitoreo permanente, de lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos regionales, no ayuda a que las regiones tengamos mayores grados de autonomía, ello requiere también de una ciudadanía que participe activamente en las decisiones políticas locales, centros de estudio, universidades autónomas y una estructura empresarial donde sus ejecutivos formen parte de la estructura social local y no sólo sean sucursales de la casa matriz.
Ejemplos de países unitarios donde las regiones tienen altos grados de autonomías hay varios, como Francia, Italia y el más evidente España, donde además se cruza la variable cultural de cada región, pero en lo fundamental, la autonomía de la gestión de gobierno, está estipulada en los denominados estatutos autonómicos.
Si bien es cierto el despertar de las regiones aún no está en el debate nacional, a la luz de las movilizaciones ocurridas en Magallanes, hace unos días en Calama, y lo que viene ocurriendo en la nuestra, es muy probable que muy pronto tengamos una demanda nacional por la autonomía de la regiones y, por tanto, es oportuno que el Estado, comience a promover el debate de cómo profundizar el proceso de regionalización anunciado por la actual administración, de lo contrario, como hasta ahora, tendremos un gobierno reactivo a las demandas ciudadanas.
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