Interpretar con la normativa la diversidad en la pesca artesanal, industrial y las demandas del sector acuícola es el equilibrio que está en pie por estos días. Otro frente es terminar con la “carrera olímpica” en los límites máximos de captura, consensuar el uso del litoral, resolver los actuales problemas de fiscalización en la extracción de recursos y una propuesta de gobierno que busca modificar la composición del Consejo Nacional de Pesca.
Por Jorge Díaz Guzmán
Diversos estudios científicos afirman que las distintas pesquerías en Chile han sido sobreexplotadas, que si bien es cierto no están en peligro de extinción, los actuales volúmenes de extracción estarían generando problemas biológicos a un número importante de especies. A ello se suma, los efectos que impactan a diversos intereses y en particular, a los pescadores artesanales, que viven de la extracción y que reciben los perjuicios económicos del actual sistema.
En este escenario el actual subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, quien tiene sus raíces en Aysén, hace la salvedad que su rol lo asumió con entusiasmo, entendiendo que debe velar por el desarrollo de la pesca de todo el país y no sólo de Aysén.
Cuando se le pregunta a la autoridad sectorial respecto de las colisiones que se dan en la pesca, entre los industriales y los pescadores artesanales, saca a relucir sus habilidades aprendidas en el mundo de la política, y señala que como subsecretario su misión es escuchar las distintas posiciones, sobre todo en esta fase donde se inicia el proceso de discusión de la nueva ley, que reglamentará las cuotas máximas de captura, las cuotas para cada sector y las nuevas normas que regirán en las artes de pesca. Hasta el momento los industriales y artesanales se sientan en la misma mesa, como ocurrió en el reciente seminario realizado en Puerto Chacabuco y organizado por las industrias pesqueras del sur austral, Fipes.
“El Presidente me solicitó impulsar políticas y nuevas normas que hicieran posible fortalecer y hacer sustentable la industria acuícola que ha generado importante actividad económica, ingreso de divisas y más de 50 mil empleos. Y por otro lado lograr la armonía y normalización del sector pesquero”, admite en una apretada síntesis inicial.
Todos y nadie
Se está preparando un proyecto de ley que sin duda no dejará contentos a todos los actores, ¿bajo que principios se prepara la propuesta gubernamental sobre las cuotas de captura?
Los conceptos generales ya los tenemos muy claros, nuestra reflexión actual es cómo asignar los derechos, si lo hacemos sobre los históricos o si subastamos un porcentaje de las cuotas, pero lo que nosotros creemos es que los límites máximos de captura terminaron su “carrera olímpica”, permitieron el ordenamiento del sector que gatilla inversión y estabilidad en el empleo, y eso es importante para el sector industrial.
Respecto de la pesca artesanal, queremos ver la forma de hacernos cargo de la diversidad que existe en el país, el norte es una realidad, la zona centro tiene características muy diferentes respecto de lo que ocurre en los fiordos de la regiones australes y eso debemos interpretarlo en normas.
Uno de los temas que se discuten tanto por la industria, como por los artesanales, es la sustentabilidad y la certeza de los datos técnicos y científicos de la biomasa de las pesquerías. Pareciera que todos tienen información distinta, ¿cómo se dan las certezas en esta materia?
Hemos realizado un exhaustivo estudio técnico y científico de las 22 pesquerías más importantes del país y como resultado de ello, 9 están con indicadores de sobreexplotación y alguna de ellas con riesgo de colapso como la especie jurel y 4 con riesgo serio de sobreexplotación, y otras pesquerías con niveles aceptables, pero lo importante es que se demuestra que debido a la pesca indiscriminada y malas decisiones de administración pesquera -que tienen que ver con tallas mínimas, cuotas mal asignadas y vedas no respetadas- tienen a diversas pesquerías en estado de mucha preocupación. Con esta información es que enfrentaremos el Consejo Nacional de Pesca de diciembre, donde se bajarán sustancialmente las cuotas de extracción y eso tendrá consecuencias y ajustes en lo económico y social del sector.
El gobierno tiene la convicción, por los datos científicos y técnicos que estas reducciones son necesarias y si bien es cierto el resultado de esa decisión no se verá en esta administración, tenemos la certeza que es lo mejor para el país pesquero. Muchos buscarán responsables y lo cierto es que son muchas las variables que han provocado esta situación lamentable.
¿Pero hay responsables?
Es una mezcla de cosas, vemos cómo los industriales y artesanales se culpan mutuamente. El 53% de los desembarques lo hacen los artesanales y el 47% los industriales, por su parte los industriales del sur culpan a los del norte, porque ahí se extraían juveniles de la especie y éstos señalan que los del sur sobrepasaron las 4 millones de toneladas y en los empates culpan a las pesquerías de fuera de las 200 millas, fuera de la zona económica exclusiva. Y por último al gobierno, por las malas decisiones administrativas, en definitiva todos y nadie.
Información y fiscalización
¿Hay como sector público, información suficiente para tomar buenas decisiones?
Hay mucho dato e información, pero mal utilizado, no se han respetado las orientaciones técnicas. Un ejemplo, el año pasado los organismos científicos informaron que la cuota del jurel debía ser de 700 mil toneladas y, finalmente, se entregó una cuota de 1 millón 300 mil toneladas. Lo que ocurre es que los Consejos están integrados por todos quienes están interesados en las cuotas, por eso nuestra propuesta es modificar la composición del Consejo Nacional de Pesca y queremos también acotar sus atribuciones, de tal manera que la asignación de cuotas sea hecha por un panel de expertos y el país tiene esos profesionales que dan garantías a todos. Para ello también estamos estudiando mejorar la institucionalidad de investigación pesquera.
¿Qué incidencia ofrece en este cuadro, los niveles de fiscalización que tiene la actividad?
En la Región de Aysén esa función tiene problemas y eso se evidencia con mayor fuerza en el funcionamiento de los acuerdos de las zonas contiguas. Es una extensa zona y con muchas islas y fiordos, es imposible fiscalizar ese espacio tan amplio. Para hacerlo eficientemente hay que incorporar tecnología, y estamos trabajando la norma que haga exigible dispositivos de posicionamiento satelital para embarcaciones superiores a los 12 metros. No se puede hacer de otra manera, aunque tengamos toda la Armada en esa tarea: hoy existe la tecnología y a un costo razonable. Paralelamente estamos aumentando los recursos como Subsecretaría para mejorar los niveles de fiscalización en el litoral del país.
- Carlos Odebret, gerente general de SalmonChile; Iván Fuentes, dirigente de la pesca artesanal de Aysén; Pablo Galilea, subsecretario de Pesca; y Rodrigo Azócar, asesor pesquero de la Consultora Aycon.
A propósito de zonas contiguas, ¿continúa esa política?
El acuerdo no pasa por la Subsecretaría, eso es tema de los gobiernos regionales de ambas regiones…
Pero la política de implementarla es de la Subsecretaría…
La posición nuestra es que no se pueden hacer acuerdos de corto plazo y estar en la incertidumbre de si logran o no el acuerdo, por eso les hemos dicho a los intendentes que a lo menos sea por el doble de los anteriores (…) Lo que hay que tener claro, es que es inviable decir “aquí no entran bajo ninguna circunstancia” o que los pescadores de la Región de Los Lagos digan “nosotros entramos sin pagar un peso”. Las 2 situaciones no son posibles. Lo que nosotros creemos es que los acuerdos de zonas contiguas tienen que delimitarse a 3 recursos, erizo, almeja y luga, y que las compensaciones vayan orientadas a entregar mejores herramientas a los pescadores para que puedan diversificar sus faenas de pesca. Y algo muy importante, que los montos de los acuerdos sean con la participación de los pescadores involucrados.
En ese sentido, ¿es posible terminar con los Consejos Zonales para pasar a los Consejos regionales de pesca?
No sólo es posible, sino que es un compromiso de este gobierno de implementarlos y en los próximos días estamos mandando el proyecto de Ley que crea el Consejo Zonal Región de Aysén, para que tenga la autonomía y no dependa de las decisiones de la Región de Los Lagos.
Mejor negocio, nuevos desafíos
La acuicultura es el otro gran actor del sector pesca, que hoy está enfrentado al análisis de las nuevas exigencias que impondrá la nueva institucionalidad para la industria.
“Existe un renacer de la industria acuícola y como gobierno estamos expectante de su evolución. Creemos que en la medida que las cosas las hagamos bien y que el entusiasmo no nuble los apetitos de los empresarios y se siga rigurosamente lo que señala la ley, que establece estándares ambientales y sanitarios muy superiores a los que tenía la industria antes de la crisis del ISA, las industria saldrá adelante, por eso estamos trabajando intensamente en los últimos reglamentos y normas que faltan para implementar la nueva institucionalidad que regirá la actividad. El principio de esta norma es evitar situaciones como la vivida recientemente y recuperar el volumen de producción en un plazo máximo de tres años”, plantea el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea.
Para Carlos Odebret, gerente general de la Asociación de la Industria del Salmón, SalmonChile, “las nuevas normas ayudarán a mejorar la condición sanitaria de la crianza de salmones, la facilita, por lo tanto el riesgo es más bajo y eso incentiva a los inversionistas a seguir en la industria. De alguna manera, lo que hace la nueva norma es potenciar el negocio y genera nuevos desafíos”.
Una de las críticas que se le hace a la industria es su baja inserción social, incluso la propia intendenta, Pilar Cuevas solicitó a los empresarios un mayor compromiso con la región, apelando, por ejemplo, a que procesen su producción en plantas regionales.
“No hay que olvidar que las regiones compiten entre ellas y Los Lagos está en permanente competencia con Aysén para poder atraer inversión y, con ello, generar empleo, y en esa competencia Aysén está en desventaja. Hoy, luego de la crisis del virus ISA, existe gran capacidad en Los Lagos y además los factores son más bajos, sumado a esto, gran parte de la producción está en la zona norte de Aysén. Para romper esa práctica hay que generar mejores incentivos y mejores condiciones, los empresarios tienen la disposición y quieren ser más competitivos”, apunta Odebret.
Galilea difiere en buena medida de esta visión, pues explica que “el modelo productivo incentiva que la producción se procese, en este caso, en la Región de Aysén, porque hay que evitar los riesgos sanitarios. Se establece, de alguna manera, que los cultivos y las plantas tengan un modelo común. Estoy muy convencido que esa practica se irá revirtiendo rápidamente y sin duda la región tendrá la actividad que tenía hasta antes de la crisis del virus ISA”.
La autoridad de Pesca, concluye que adicionalmente se deben generar las condiciones para que la industria se desarrolle “y siempre topamos con los factores de producción, por una parte está la conectividad y en esa materia el gobierno tomó la decisión de avanzar hacia el norte con la Carretera Austral y, el otro, es de la energía, por eso estimo que en la medida que los proyectos hidroeléctricos, que están siendo evaluados cumplan con las normas ambientales, deben materializarse”.
Mala administración pesquera
En Chile, la pesca artesanal genera cerca de 70 mil empleos directos y más de 30 mil indirectos. La producción se destina en un 90% a la elaboración de harina y aceite de pescado. Aysén no ajeno a este lineamiento productivo tiene su propia opinión sobre las condicionantes que no han permitido ordenar el sector y sus recursos eficientemente.
Una visión crítica tiene el asesor pesquero y gerente de la Consultora Aycon, Rodrigo Azócar, respecto de las herramientas que tienen los pescadores artesanales para enfrentar los nuevos desafíos de la pesca en Aysén. Para este ingeniero acuícola “primero hay que analizar cómo se llegó a este estado de la pesca, porque todo cuanto hay que arreglar tiene que ver con lo mal que hemos hecho las cosas, por eso creo que el Estado tiene una responsabilidad que no puede eludir, porque ha contado con los medios, con la técnica, con el respaldo legal y con todo cuanto se requiere, y ahora queremos cambiar el estado de cosas, porque los recursos pesqueros ahora son escasos, o sea se hizo mal la administración pesquera”.
Iván Fuentes es uno de los dirigentes más respetados de la pesca artesanal local, por sus pares, y porque ha lidiado con sus argumentos claros, directos y didácticos para dar a entender hasta al más neófito. Cuando se habla de los derechos de su sector se entusiasma y apasiona, demandando participación, pero participación integral.
Respecto de los acuerdos de zonas contiguas, que permite que pescadores de la Región de Los Lagos puedan extraer el recurso erizo, luga y almeja, en la zona norte de la Región de Aysén, señala que “por principios está en contra”, más aún, cuando no se consulta a todos los actores para implementar estos acuerdos. De lo contrario dice Iván Fuentes, “la autoridad se está disparando en los pies, para estos acuerdos se debe conversar no sólo con los pescadores de Melinka”.
Consciente de la crisis del recurso merluza, Iván Fuentes es partidario de avanzar en un tema pendiente, lo dice con fuerza: “aquí hay que resolver el tema de la diversificación productiva en sus 2 formas, la extractiva y la que tiene que ver con los planes de manejo, y la acuicultura a baja escala, esa es la única forma en que los pescadores artesanales pueden enfrentar el futuro, de lo contrario estaremos en permanente crisis. Nosotros estamos en condiciones de enfrentar el proceso, pero para ello las autoridades deben manifestar toda la voluntad para que ello ocurra”.
Azócar agrega otro componente. Y es que para que “ahora los pescadores artesanales participen en el negocio que queda, debe haber un compromiso de uso del litoral, de todos los actores, que se respete el espacio de los artesanales, porque son los que pusieron la primera piedra para desarrollar las pesquerías y tienen que participar en las mismas condiciones que el sector pesquero industrial. Me refiero a que deben tener derecho a propiedad, y a herramientas de gestión. Es la única manera que pueda servir la deuda que tiene con el sistema que supera los $4 mil millones, es perfectamente viable el pescador artesanal con las herramientas adecuadas”. Como corolario, el asesor pesquero enfatiza que “en la crisis pesquera, los pescadores artesanales no tienen ninguna responsabilidad, aquí los responsables son el Estado, que administra el recurso y los técnicos que tienen el conocimiento”.
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