[OPINIÓN] La Probidad Administrativa y el Decreto del Parque Patagonia

 


 

Por Andrés Gillmore A. @veranadas
Past-Director Corporación Costa Carrera

 

Cuando se analiza el Decreto N°3 de Bienes Nacionales, ingresado el 12 de febrero del año 2018, en los finales del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que permitió la creación del Parque Patagonia, aparecen en ese primer decreto deslindes que incluyeron terrenos fiscales otorgados al Parque y que posteriormente se supo afectaban los intereses de las transnacionales mineras.

 

…la administración pública debe tener la capacidad de evitar las manipulaciones de las funciones estatales por parte de las altas cúpulas políticas de los partidos políticos y de los gobiernos de turno y defender a los ciudadanos de los intereses creados y de las asociaciones que se crean con empresas foráneas que no buscan el bien general del país y de los territorios que intervienen”.

 

No es difícil darse cuenta, cuando le ponemos atención al tema, que desde que se introdujo el decreto, hasta que el gobierno de Sebastián Piñera tramitara uno nuevo en el mes de octubre del 2018 y en noviembre de este año se le hubiese dado “el vamos” por parte de Contraloría y publicado en forma oficial, la base territorial y original de ese decreto fue alterada para preservar los intereses mineros de la empresa australiana Equus y eso, en ese mismo instante, se transformó en una falta a la probidad administrativa.

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, justificó el cambio del plano general, haciendo referencia que se hizo así, porque habían sido afectados terrenos particulares en el naciente del río Duna en la comuna de Chile Chico y, recalcó que todo había sido decidido en una reunión ampliada en Chile Chico, cuando los pobladores y sus organizaciones dieron sus opiniones y se debatió el tema, reunión que tuvo el aval del senador de la UDI, David Sandoval Plaza, y del alcalde DC Ricardo Ibarra.

La reunión, a la que hace referencia el ministro Ward y en la que él participó un fin de semana de invierno y comentó vía Twitter, no fue tan amplia como pensó el ministro y, al parecer, el senador Sandoval no le contó, que la Mesa Comunal de los sectores productivos fue designada a dedo por el propio parlamentario y por el alcalde de Chile Chico. Y este último fue el que designó a Glen Cáceres (líder sindical minero de la empresa minera Cerro Bayo Mining Company) como vocero de la mesa productiva para recibir al ministro, proceso que fue realizado con una falta increíble a la probidad administrativa, por parte del alcalde y del mismo senador, al accionar ese tipo de manipulación para hacer prevalecer los intereses mineros que representan. La Asociación de Turismo de Chile Chico no tuvo otra alternativa que retirarse de la reunión, porque entendió que la reunión no era más que una burda teatralización, para hacerle creer al ministro algo que no era y además no fueron invitadas corporaciones como Codesa, Costa Carrera, otras A. G. y Fundaciones que operan al interior de la comuna, que no podemos olvidar es la más extensa territorialmente de Aysén.

El senador David Sandoval Plaza en su declaración pública por el tema, hace unos días por los medios de comunicación, manifestó y sin presión alguna que le habían restado al Parque una determinada superficie para que la minera Equus pudiera continuar con su proyecto, actuar que se transformó en una falta a la probidad administrativa, más aun cuando lo hace un senador de la República, porque afecta los intereses generales de las localidades del interior de la comuna y la sustentabilidad y la proyección de mucha gente, y no se ha hecho primar el derecho constitucional de vivir en un medioambiente limpio, que como todos sabemos está por sobre el derecho de cualquier actividad económica, por rentable que ésta sea y eso es lo que representa la disputa acontecida por el decreto del Parque Patagonia: manipular el plan original que estaba predeterminado, complica la relación del Parque en el territorio, al quedar de vecinos de actividades mineras que no cumplen con las normas ambientales mínimas.

El servicio público está íntimamente ligado con la administración pública y con el Estado y lo podríamos definir como el conjunto de servicios proporcionados por el Estado dentro de la administración Pública, para cubrir las necesidades de las comunidades, donde la defensa del medioambiente es una parte primordial, porque genera la sustentabilidad y proyección de futuro a una comuna que se sustenta para desarrollarse en su calidad ambiental, escénica. El servicio público está diseñado para cubrir las necesidades de todos y se confunde el concepto de las necesidades colectivas con las necesidades públicas, que son manipuladas para que empresas foráneas puedan explotar los recursos naturales sin preservar el medioambiente y la proyección de desarrollo de las comunidades.

El servicio público que prestan políticos, gobiernos regionales, diputados, senadores y los alcaldes está íntimamente ligado con los derechos humanos y la necesidad de obtener justicia social y ambiental para proyectar el presente-futuro del desarrollo y que está garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que desde su creación ha construido una infinidad de tratados y convenios internacionales de Derechos Civiles, Políticos, Ambientales, Económicos, Sociales, Culturales. Incluso el mismo lago General Carrera y todos sus afluentes, son parte de una cuenca compartida con Argentina y motivo de un tratado de cuencas compartidas que fue firmado durante el gobierno de Patricio Aylwin con el gobierno trasandino, que contienen una serie de derechos y deberes considerados como las necesidades básicas que deben ser cubiertas por el Estado, para preservar esta cuenca compartida.

La probidad y la transparencia es una barrera que divide al Poder Ejecutivo con el Administrativo, determina derechos y responsabilidades del poder político hacia la ciudadanía. Estas dos funciones no están para imponer un fin patrimonial al Gobierno de turno, si no, como el gran impulsor de políticas que estén de acuerdo con la Constitución vigente y, como tal, la administración pública debe tener la capacidad de evitar las manipulaciones de las funciones estatales por parte de las altas cúpulas políticas de los partidos políticos y de los gobiernos de turno y defender a los ciudadanos de los intereses creados y de las asociaciones que se crean con empresas foráneas que no buscan el bien general del país y de los territorios que intervienen.

La probidad administrativa es un principio donde la Constitución Política en su artículo N°8, se refiere a que los funcionarios públicos deben respetarla estrictamente en el desarrollo de sus funciones, determinando que deben llevar a cabo el servicio público con fiel apego a ella, como algo básico que se resguarda en el pacto social, que es lo que nos hace confiar en las instituciones y desarrollarnos en consecuencia, que en este caso han sido vulnerados, por la “chispeza” del senador David Sandoval y del alcalde Ricardo Ibarra.

 

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