[OPINIÓN] El derecho de las comunidades a informarse


 

 

Por Andrés Gillmore A. @veranadas
Poblador de la Cuenca del Baker

Es indudable que esta semana que termina, el tema de fondo está supeditado a la celebración de los 30 años del NO, en que el país decidió por la vía democrática que dejaríamos de lado la triste Dictadura que nos fue impuesta por 16 años. Muchos dicen que la alegría no llegó tal como se prometió y, en cierto sentido, eso es verdad, pero indudablemente nada puede ser peor que una Dictadura y nada puede ser mejor que una democracia.

El gran tema a nivel regional, y que se viene dando desde que nos decidimos por la democracia en 1988, es cómo una región con las características tan especiales de Aysén en forma y fondo, puede hacer para crear balance y armonía en su modelo de desarrollo regional y mejorar el trato que tiene con las comunidades, ante un modelo que es extremadamente centralista, proyectado también al interior de los municipios ayseninos a la hora de decidir temas relevantes, que muchas veces pasan a llevar intereses que son inherentes a las comunidades adyacentes a las capitales municipales. Ante una globalización que crea expectativas en el mundo rural, ante la irrupción de Internet y del inmediatismo de las redes sociales y que hace necesario realizar un ajuste transversal en la relación regional con el modelo de desarrollo que se quiere implementar.

 

Es fundamental que las comunidades analicen y entiendan a cabalidad los pros y contras de los diferentes proyectos de desarrollo ofertados por el mundo corporativo internacional y su relación con los impactos ambientales que proponen”

 

El término globalización se utiliza en distintos sentidos, con variadas interpretaciones subjetivas y distintos niveles, en conceptos que muchas veces son manipulados por los intereses creados para solventar objetivos. En la actualidad, se pueden identificar elementos comunes en todas las versiones de globalización y no es un fenómeno nuevo ni nada parecido y no es más que la intensificación normal de las transacciones transversales que hasta ahora se incluían en la llamada internacionalización de los mercados, donde el núcleo globalizador estaba relacionado con lo tecnológico y lo económico; abarcando las finanzas, el comercio, la producción, los servicios y la información, supeditado con la información en línea, donde Aysén -sin querer queriendo- se ha hecho parte de esa globalización y lo demuestra que en la actualidad no exista localidad que no esté conectada a Internet y donde gran parte de lo que se produce y se presta en servicios está orientado al mercado internacional. Mineras, salmoneras, turismo, ganadería, agricultura y la fruticultura de Chile Chico, traducen la globalización en la actualidad como parte integral de la relación de las comunidades con la demanda.

La globalización en Chile está mal diseñada. Sin embargo, la posibilidad no se desprende que el Estado tome el control de la vida económica de los territorios por la llegada de la globalización, sino que es todo lo contrario, pero debe instalarse bajo fundamentos que pone parámetros altos en términos de transparencia y participación. Es ahora más que nunca que a nivel regional debe entenderse que la transparencia que propone la globalización, en forma y fondo, beneficia a una región como Aysén y como tal debe ser analizada como una manera de mejorar los procesos y los modelos de desarrollo interno, transformando la globalización en la gran oportunidad que tiene la región para avanzar hacia la sustentabilidad de los territorios, transformando la intención en una carta de presentación.

El Acuerdo de Escazú es uno de esos temas fundamentales que ponen la transparencia y la información como base de sustentación. Chile desde el primer Gobierno de Sebastián Piñera lideró la intención de llevar este tratado hasta el final y es el resultado de un proceso muy innovador en materia de globalización y muy de acuerdo con la realidad actual de Latinoamérica y el Caribe, en lo que a medioambiente se refiere. A nivel regional el tratado es la posibilidad de analizar el modelo de desarrollo regional y es la oportunidad de mejorar la calidad de vida de las comunidades, relacionándonos más informados con los procesos productivos y de servicios que se prestan en Aysén y que están en relación directa con el medioambiente, dándole la posibilidad a las comunidades de hacerse parte de la toma de decisiones en materia de proyectos de desarrollo. Es fundamental que las comunidades analicen y entiendan a cabalidad los pros y contras de los diferentes proyectos de desarrollo ofertados por el mundo corporativo internacional y su relación con los impactos ambientales que proponen. Entendiendo que los impactos ambientales se transforman en impactos sociales con el pasar del tiempo si no son analizados como corresponde.

En la actualidad, a nivel regional, existe gran incertidumbre por el porvenir del futuro que le espera a la región ante el cambio de gobierno, que discursea que el medioambiente y los recursos naturales están para ser utilizados y poco les importa el devenir de las comunidades que los habitan. Las comunidades han estado entendiendo, dada la realidad actual, que existen profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales que han ido en contra de los intereses de las comunidades rurales, donde el multilateralismo está siendo sometido a un intenso escrutinio por parte del mundo comunal, ante la importancia del valor de la acción y la necesidad de avanzar hacia una mayor y mejor protección del medioambiente como fuente estructural del proceso natural de desarrollo y proyectarlo en relación directa con los intereses reales de las comunidades en lo que a derechos ambientales se refiere en el plano local.

Las comunidades deben actuar de manera coordinada a nivel regional y los problemas deben ser analizados de acuerdo con las características propias de cada territorio en un Aysén diverso, respecto de su geografía y clima, para desarrollar las capacidades y la cooperación para que el medioambiente esté al servicio de los bienes y los intereses colectivos superiores a la región en forma sustentable, creando un instrumento jurídico en materia de protección ambiental como derecho humano a nivel regional. Entendiendo que el derecho ambiental es lo que sustenta el derecho social, en una región con las características y las particularidades de Aysén.

El objetivo de cualquier propuesta de desarrollo a nivel regional, no puede ser otro que garantizar el derecho de las comunidades a tener acceso a información oportuna, veraz, adecuada y profesional, y la de poder contar con una asesoría profesional en la toma de decisiones que los afectan, cuando sus derechos son vulnerados. Los derechos de las comunidades son la base de sustentación de cualquier democracia y por lo tanto debe proporcionar las herramientas que faciliten el ejercicio de la sustentabilidad territorial, estableciendo mecanismos para crear la sustentabilidad territorial.

Respetar las prioridades con las diferentes particularidades territoriales, es fundamental en una gestión que sitúe la protección ambiental en una perspectiva netamente regional, para crear el derecho al acceso a una información fidedigna, la participación pública y la justicia en relación directa con el uso sustentable de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha en contra de la degradación de las tierras ante el cambio climático y la intromisión de las grandes corporaciones foráneas en los territorios regionales.

La relación entre las comunidades y el gobierno regional y por ende con La Moneda, debe contribuir eficazmente para dar inicio a un proceso de transición hacia un nuevo modelo de desarrollo regional, menos contradictorio y más humano, para hacer frente a la deficiente cultura de los intereses limitados y fragmentados que imperan en los territorios regionales ante los intereses de las grandes corporaciones internacionales.

Incluir a las comunidades que tradicionalmente han sido excluidas y marginadas o que han estado insuficientemente representadas en la toma de decisiones y darle la voz que merecen, es fundamental para equilibrar la relación entre el medioambiente y las comunidades, para asegurar la participación social en las decisiones que lo afectan. Estableciendo una nueva relación entre el Estado, las empresas y las comunidades con el medioambiente, para exponer la falsa dicotomía que propone muchas veces la relación del medioambiente con el desarrollo económico. No puede existir crecimiento y un posterior desarrollo a expensas del futuro de las comunidades, por lo tanto, no puede gestionarse ignorando los intereses reales de las comunidades que habitan los territorios intervenidos o los que están por intervenir.

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