[OPINIÓN] Cuando perdemos credibilidad ante el Pacto Social


 

Por Andrés Gillmore A. @veranadas
Poblador de la Cuenca del Baker

Una de las cosas que más complica al mundo ciudadano desde que se descubrió en el año 2008 que los llamados “honorables” no lo eran tanto -y que los gobiernos entraban en la “parada”- es que se debe estar más alerta que nunca ante los manejos y manipulaciones de los intereses creados de las grandes empresas y que se debe hacer el esfuerzo de fiscalizar constantemente a las autoridades y al mundo político y empresarial en general. Se debe contrarrestar las malas influencias que éstos intereses ejercen que, de una manera u otra, están destruyendo el pacto social, que se sustenta en la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

¿Qué es lo que sucede entonces? que gente se supone es profesional pierda el horizonte ante temas fundamentales para el desarrollo regional y terminan apoyando formas y fondos que van en contra del buen vivir regional.

Nada pudo ser más decepcionante que cuando se constató que las leyes más que beneficiar el desarrollo sustentable del país, se diseñaron para beneficiar a las grandes empresas, sin preservar el territorio nacional como corresponde y que se habían dejado de lado a las comunidades que habitaban estos territorios. Desde ese momento Chile no fue el mismo y nada volvió a ser como antes. Mucha de la desesperanza que reina en la actualidad en el país se vino a transparentar por medio del proyecto energético HidroAysén, que puso sobre la mesa en forma práctica y descarnada -como nunca antes- la triste realidad, develando lo que estaba ocurriendo en nuestro querido y amado Chile.

El Pacto Social, es la base de sustentación de lo que delimita el acuerdo real o hipotético que se sostiene al interior de una sociedad entre el Estado y los ciudadanos, para que los derechos y los deberes de todos sean respetados siempre y no solo algunas veces. Si una sociedad pierde el respeto por el pacto social que está establecido en los fundamentos de la confianza mutua, entre la ciudadanía y las instituciones, el Estado termina perdiendo irremediablemente su credibilidad ante los ciudadanos y eso en sí mismo es peligroso para cualquier sociedad y más una subdesarrollada como la nuestra. La anarquía queda a la vuelta de la esquina.

En Aysén, solo a modo de ejemplo, por mucho tiempo y de variadas maneras se ha roto el pacto social. En la actualidad, poco y nada se confía en las autoridades que administran el territorio y mucho menos en las instituciones.

Si no fuese por el mundo ciudadano regional, que tuvo que organizarse para entrar en batalla en contra de los intereses económicos que querían apoderarse de la territorialidad de Aysén, hace rato que la región estaría mucho más contaminada y destruida de lo que está. Con ese objetivo se formaron diferentes frentes para combatir a esas intenciones, que en sus comienzos fueron bienvenidas, pero que a poco andar se demostró que más que a proyectar desarrollo, venían a enriquecerse ‘a costillas’ de la región. De no haber ocurrido la organización ciudadana, sencillamente esos poderes económicos habrían destruido el futuro, con proyectos que iban totalmente en contra de los intereses regionales y en contra de la anhelada sustentabilidad, además del buen vivir que se necesita para desarrollar el Aysén que debe ser y no el que pudo ser. Las instituciones por muchos y largos períodos han tomado decisiones sustentados en intereses foráneos, pasando a llevar los intereses de las comunidades regionales y los mayores ejemplos son las intenciones de proyectos de la calaña de Alumisa, HidroAysén y Central Cuervo, que más que un aporte eran sinónimo de destrucción y que de no haber sido por la organización ciudadana se hubieran concretado y con ello destruido la base de sustentación de Aysén.

El mundo ciudadano, desde ese entonces, ha debido realizar enormes esfuerzos para entrar en defensa de la territorialidad que le pertenece y defender sus derechos ante el medio donde están insertas. Todo esto -que no es un trabajo menor bajo ningún punto de vista- ha tenido que realizarse en las horas libres de los que entran en batalla, después del trabajo, sin recibir remuneración alguna, dejando de lado a sus familias y con todo el costo que eso representa muchas veces en las relaciones personales y muchas veces sin la comprensión de sus propias comunidades, que se ven manipuladas por la ideología de esos mismos intereses de los cuales están siendo defendidos, poniendo muchas veces dinero de su propio pecunio y sin ninguna de las regalías que reciben los que se suponen están para hacer esos trabajos en las diferentes instituciones y eso, en sí mismo, demuestra la existencia de un desbalance enorme y responde entre otras cosas el por qué estamos como estamos y que la región este, constantemente, en ascuas en lo que al futuro sustentable se refiere y que hace que comunidades deben estar constantemente recibiendo y defendiéndose del fuego foráneo.

Resulta inentendible que la mayoría de las veces, los que están para trabajar por el desarrollo sustentable de la región -y hablo de gobiernos regionales y políticos en general que nos representan en el Congreso- no cumplen muchas veces con el cometido de disponer para que se trabaje por la sustentabilidad de la región. Los diputados no fiscalizan como manda la constitución y los senadores no alzan la voz cuando se diseñan leyes que van en contra de los intereses de Aysén. ¿Qué es lo que sucede entonces? que gente se supone es profesional pierda el horizonte ante temas fundamentales para el desarrollo regional y terminan apoyando formas y fondos que van en contra del buen vivir regional. Esta es una pregunta con muchas respuestas y la mía está muy clara, pero si la escribo como epílogo a este artículo de opinión, lo más seguro es que me demanden y no es chiste.

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