[OPINIÓN] Cuando el orden de los factores altera el producto


 

 

Por Andrés Gillmore A. @veranadas
Sociólogo, empresario turístico y poblador del Baker

 

No deja de ser interesante ver cómo los gobiernos de una forma u otra tratan de lograr sus objetivos y responder a los intereses creados que los sustentan. Intereses que muchas veces no van de la mano con los del país. Hasta hace pocos años, la ciudadanía confiaba plenamente en los gobiernos y nadie dudaba que nuestros representantes en el Congreso eran honestos y de fiar, debido a esa ignorancia hizo que fuéramos más felices que en la actualidad.

A partir del año 2011, cuando se develó todo por la bomba que significó el proyecto HidroAysén a nivel regional y nacional, nos dimos cuenta que nada era como creíamos que era, que más que gobernar en favor de todos los estamentos sociales, los gobiernos de turno a partir de 1989 habían diseñado un modelo de desarrollo, que hizo que los pobres fueran más pobres y los ricos más ricos y que las regiones fueran considerados territorios sacrificables. Las deficiencias se maquillaron con tarjetas de crédito y creímos que por tener acceso al crédito lo teníamos todo y nos transformamos en el país más endeudado de Latinoamérica, con un sistema financiero poderoso, en total detrimento del ciudadano medio.

En la perspectiva de un supuesto camino al desarrollo que nos dijo que en el año 2020 seríamos un país desarrollado, Chile fue invitado a ser parte de la poderosa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la tan mentada OCDE, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Nos sentimos orgullosos, que a pesar de ser un país subdesarrollado y mono productor, fuéramos tomados en cuenta por países de la envergadura de Alemania, Inglaterra, Australia, Suiza y Canadá, entre otros, y nos transformamos de un ‘paraguazo’ en ‘cola de león’ y dejamos de ser ‘cabeza de ratón’.

 

“La conciencia social ante el medioambiente y la constatación de la gran depredación que las empresas extranjeras han realizado en los territorios regionales, ha cambiado en forma positiva. Muchas de las comunidades han alzado la voz ante proyectos invasivos que no respetan el medioambiente…”

 

La incorporación de Chile a la OCDE fue una audaz estrategia de parte de esta poderosa organización económica planetaria, para que las empresas de esos países entraran sin tantas trabas a explotar nuestros recursos. Instantáneamente nos transformamos en zona de inversión de las grandes empresas de los países miembros de la OCDE y se aplicó el dicho “mi casa, su casa”; empresas que estaban en crisis existenciales por las leyes y regulaciones ambientales y sociales exigentes para operar en los países desarrollados, vieron en Chile la solución a todos sus problemas existenciales y se sacaron los balazos en nuestro territorio a costillas de nuestras comunidades y el futuro del país.

Uno de esos grandes ejemplos que se pueden dar en este tema, es lo que sucede con la salmonicultura, donde gran parte de la inversión llega desde Noruega, que es un ejemplo de cuidados y sustentabilidad ambiental a nivel planetario. En Chile las concesiones salmoneras son otorgadas a perpetuidad, casi no existe regulación y fiscalización alguna por parte de la autoridad. Por esa falta de rigurosidad en la fiscalización se desarrolló el Virus ISA (virus que se da por no respetar la capacidad de carga de las jaulas); la marea roja que contamino Chiloé y que constantemente se estén escapando salomones de las jaulas. En Noruega, las concesiones se renuevan anualmente; las fiscalizaciones son trimestrales y si no cumplen con los requerimientos pierden la certificación y los permisos para operar inmediatamente. Las multas por no respetar las capacidades de carga son tan grandes que las empresas ni piensan en hacerse los ‘cuchos’ como sucede en la actualidad en Chile.

Desde el año 2010, la conciencia social ante el medioambiente y la constatación de la gran depredación que las empresas extranjeras han realizado en los territorios regionales, ha cambiado en forma positiva. Muchas de las comunidades han alzado la voz ante proyectos invasivos que no respetan el medioambiente y grandes proyectos que en el pasado se daban por hecho, han sido parados por el reclamo consciente de las comunidades, a pesar que muchos de estos proyectos habían sido aprobados previamente.

El formato de evaluación ambiental que se presentó como alternativa ante el centralismo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) que evaluaba en Santiago lo que se hacía en las regiones; tuvo como sustento la creación del Ministerio de Medioambiente durante el primer gobierno de Bachelet. Según mi opinión, a pesar de todo y de todos, el objetivo no fue otro que “bypasear” con otro formato a las comunidades, con la justificación que se decidía en las mismas regiones. Estratégicamente se dejaron de lado las organizaciones regionales y la decisión fue dejada en manos de los seremis e intendentes, que sabemos se deben a los intereses de los gobiernos de turno y no a las regiones que dicen representar. Para asegurarse que todo saliera según lo presupuestado, sumaron 3 instancias a la decisión final en las evaluaciones ambientales; el Comité de Ministros, tribunales ambientales y la Corte Suprema como instancia final y definitiva.

Desde que fue destronado el gran proyecto energético HidroAysén en la cuenca del Baker al sur de Aysén, el clima ante los grandes proyectos cambio sustancialmente en las comunidades regionales en todo el país, al entenderse que era plenamente factible empoderarse ante las injusticias del modelo de evaluación y muchos proyectos connotados quedaron estancados, y eso por lógica fue un cambio sustancial en el escenario político empresarial, acostumbrado a salirse con la suya siempre. Además, las comunidades han ido entendiendo, que la justificación que se dio en el pasado para desarrollar muchos proyectos, que lo importante era dar trabajo; en la actualidad las perspectivas de las comunidades se están sustentando en el emprendimiento, utilizando el medioambiente como fuente de desarrollo y no trabajar por un sueldo mínimo en un proyecto destructivo y contaminante, que a la larga y en pocos años destruye cualquier sustentabilidad posible

Con la llegada del gobierno de “Chile Vamos” a La Moneda este 2018, con un Presidente Piñera representante de los empresarios extranjeros y chilenos, que nos dicen que la teoría del ‘chorreo’ es la solución, se comprometió con los grandes empresarios a agilizar las evaluaciones ambientales y hacer más expedita la aprobación de los proyectos energéticos, forestales y mineros, y a entregar más certezas que incertidumbres a las grandes empresas, cumpliendo con la promesa que bajo la tutela de “Chile Vamos” se rebajarían las barreras del actual formato de evaluación ambiental; tales como el Consejo de Ministros y, en lo posible, la Corte Suprema. Por cierto, reducir la capacidad de los Tribunales Ambientales y para ello se comisionó al Ministerio de Medioambiente y a su Ministra, la señora Marcela Cubillos -ex diputada UDI-, para que se diseñara un nuevo modelo de evaluación ambiental, con la característica de parecer ser, pero sin ser, que tuviera un carácter “social, moderno y participativo”, sin olvidar que los intereses empresariales están antes que los de las comunidades.

El gobierno entendió que toda proposición debía ser maquillada con el concepto de la participación ciudadana y la modernización del servicio de evaluación y consolidar certezas en las empresas. Tal como hizo HidroAysén en su momento, que usó como estrategia en la presentación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) la omisión de todo lo negativo y realzar solo lo positivo. En este caso específico, lo que pretende el gobierno bajo el pretexto de modernizar los Servicios de Evaluación Ambiental (SEIA) es hacerlos supuestamente más participativos en las comunidades. Diseñaron la siniestra fórmula de invertir los procesos de participación, que en estos temas a diferencia de las matemáticas; el orden de los factores si altera el producto y mucho.

La estrategia de presentación del gobierno del proyecto de modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se sustenta en desarrollar previo a la presentación del Estudio de Evaluación Ambiental (EIA), reuniones con las comunidades a debatir la propuesta, supuestamente escuchar y ponerse de acuerdo con las comunidades, que es donde está la trampa de lo que pretende el gobierno según mi punto de vista. ¿Por qué? Porque predetermina que las partes deben ponerse de acuerdo antes de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y todos sabemos que, sin el EIA sobre la mesa, es imposible ponerse de acuerdo en forma seria y profesional si puede hacerse o no el proyecto. La estrategia es simple, se invierte el proceso en forma abusiva y estratégica para que las empresas puedan invertir lo menos posible, para ganar lo más posible y la fórmula de invertir el proceso, va en contra de las comunidades y de la región en cuestión.

Para que el proceso de Evaluación Ambiental sea efectivamente, transparente, moderno y participativo como el gobierno dice querer, la propuesta de invertir el proceso no se ajusta a las necesidades que exige en la actualidad el cuidado del medioambiente y la proyección de sustentabilidad que necesitan las comunidades. No hay que tener mucha inteligencia o ser muy perspicaz para entender, que la empresa debe realizar primero y como corresponde el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y posteriormente como manda el protocolo, reunirse con las comunidades a exponer el proyecto, con definiciones claras y específicas puestas sobre la mesa, para debatir los detalles de la propuesta con el informe en mano. El formato de debatir el tema con las comunidades previo a desarrollar el EIA, lleva a la manipulación de la información y como la lógica nos indica, una cosa es lo que se promete previamente y una muy diferente lo que se concreta posteriormente. Además, las organizaciones sociales deben contar con asesorías profesionales en los temas a tratar para debatir con el gobierno y las empresas, y solo en esos términos se pueden desarrollar definiciones que permitan decisiones serias, profesionales y de acuerdo con los intereses de las comunidades, de la región y del país.

 

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