[OPINIÓN] ¿Asesinados en democracia o democracia asesinada?


 

Por Yéssica Almonacid S. @yessialmonacid 
Presidenta ANEF Región de Aysén

Es difícil creer que después de 30 años del triunfo de un acto democrático, como fue el Plebiscito de 1988, sigan existiendo muertes en circunstancias no aclaradas y con algunos procesos que continúan abiertos y que tienen a las familias recorriendo la justicia.

Nicolasa Quintremán, Macarena Valdés, Juan Pablo Jiménez y Alejandro Castro son víctimas de una dictadura de mercado disfrazada de democracia. En la Dictadura de Pinochet se secuestraron, torturaron, mataron e hicieron desaparecer a quienes pensaban un Chile distinto, ahora el “modus operandi” es distinto, los activistas se ahogan, se suicidan o una bala loca los mata, pero el fondo es el mismo: ellos representan una amenaza para el modelo, para las grandes transnacionales.

 

Es grave lo que está pasando, es preocupante que comencemos a naturalizar este tipo de crímenes, que nos hagan creer la teoría del suicidio o del accidente y cada uno siga con su vida como si nada pasara…”

Lo que pasó con estos líderes sociales no son casos aislados, hoy en Chile y en el mundo se persigue a quienes defienden los recursos naturales amenazados de sobreexplotación y/o destrucción por parte de grandes empresas. Muchas de estas transnacionales debilitan y delimitan la soberanía de los países, e inician una persecución a quienes luchan para que no continúe la destrucción de sus territorios y los ecosistemas. Hoy la lucha que se da por el agua, por ejemplo, el elemento fundamental para mantener la vida en el planeta, no es un capricho de “hippies revolucionarios”, es el mecanismo que tienen los pueblos para asegurar la continuidad de la vida y de la especie, donde el único depredador es la misma especie.

La prensa que opera como relacionadora pública de grandes poderes y empresas, no habla ni hablará sobre lo que pasó con la “Negra”, la mujer de Panguipulli que dio una lucha indígena y que se ahorcó “después de morir”. Tampoco habló de Juan Pablo y esa “bala loca” que le quitó la vida en medio de una negociación con la empresa, ni de Nicolasa, mujer pehuenche que dio una gran lucha para evitar la construcción de la represa del Alto Bío Bío y murió ahogada en extrañas circunstancias. ¿Qué podemos esperar como explicación entonces sobre la muerte de Alejandro?, un joven valiente lleno de vida que luchaba por la salud de la gente de Quintero. Hay muchos cómplices en la muerte de los compañeros, entre ellos el Estado como garante de la justicia.

Es grave lo que está pasando, es preocupante que comencemos a naturalizar este tipo de crímenes, que nos hagan creer la teoría del suicidio o del accidente y cada uno siga con su vida como si nada pasara, preocupados por el ciber monday o las imparables informaciones sobre delincuencia que crean una mística del miedo y del control, como consecuencia, que el ciudadano no se involucre ni opine de lo realmente importante. Hoy el silencio duele, porque no viene solo de la institucionalidad, también viene de un pueblo dormido por los destellos del neoliberalismo, destellos que diluyen cualquier hecho grave y de la violencia ejercida por el Estado a través de sus fuerzas de seguridad y orden.

Hace poco el Gobierno tuvo la oportunidad de firmar un tratado internacional de acceso a la justicia ambiental, países de América Latina como Argentina, Brasil, México y Venezuela firmaron el Tratado de Asamblea Escazú, sin embargo, curiosamente quien lideró este pacto, Chile, pospuso su decisión. Este tratado garantizaba la participación de las comunidades en la toma de decisiones que involucren a ambas partes y proponía también la protección de los defensores medioambientales: «prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones» en su contra. ¿Que trascendió de la participación de Piñera? Solo su collage de la bandera chilena junto a la estadounidense, que -dicho sea de paso- es un insulto hacia los símbolos patrios, aunque sea el Presidente, y que incluso vulnera la Ley de Seguridad Interior del Estado, como delito contra el orden público, al injuriar al símbolo “bandera”: Ley 12.297, título III, art 6, inciso b.

De acuerdo al informe de Global Witness, 116 personas fueron asesinadas en América Latina durante 2017 por defender sus tierras y enfrentar prácticas que afectan el medioambiente. Un dato no menor del cual debemos estar atentos, porque se trata de procesos irreversibles, y que solo benefician a una minoría ávida de destrucción en su competencia de nunca acabar de la acumulación de dinero.

Como dirigenta sindical; que he estado presente en luchas medioambientales de mi región, como la que dimos hace unos años en contra de la empresa HidroaAysén; exijo al Estado que investigue la muerte de Alejandro Castro, que se haga justicia con la “Negra” y por quienes han perdido su vida por una causa tan justa y altruista como defender el planeta y la vida. No a la impunidad de las empresas que nos matan por luchar. No a la impunidad de las empresas que nos matan por cuidar nuestro hogar.

 

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