Miércoles 25 de mayo 2011 – Crónica “Después D”

Cuando el Estado es una vieja muralla

Por Jorge Díaz Guzmán
jdiazguzman@elpatagondomingo.cl

Escucha el programa Despues D 25 – Miércoles 25 de mayo 2011

¿Es posible que a través de la movilización social se genere algún cambio sustantivo en las decisiones que tienen sustento en la institucionalidad, más allá de los juicios que se tengan respecto de esas decisiones? Esta pregunta, pareciera ser muy pertinente por estos días en el país, cuando diversas organizaciones impulsan la movilización social para manifestar su descontento con la decisión de una instancia que está contemplada en el proceso de calificación ambiental de un proyecto que tiene connotación nacional.

La disyuntiva que tiene un Estado de Derecho, que reconoce las instituciones que la conforman, es producto del debate y entredicho que hay con ellas, que en este caso se expresa cuando la ciudadanía no las valida o no comparte sus decisiones.

En nuestro país, desde hace un tiempo,  la opinión pública se viene manifestando en contra o en desacuerdo con diversos marcos jurídicos establecidos, es decir divergentes con nuestro actual Estado de Derecho, ese conjunto de normas que en Chile son como las murallas de contención ante cualquier cosa distinta a lo señalado en la Constitución y las leyes que regulan nuestra convivencia.

Lo que ocurre es que estamos conviviendo en un Estado de Derecho, que funciona como una «camisa de fuerzas» con el Estado Social democrático, que se manifiesta a través de grupos de presión y disenso. Cuando estas 2 formas de ejercer el poder,  tienden al equilibro de fuerzas, se dice  que ponemos en riesgo el Estado de Derecho, simplemente, porque éste no representa a la ciudadanía, la que intenta sobrepasarlo, porque ya no sirve como marco de regulación de la convivencia.

En los países árabes, del norte de África, existía un Estado de Derecho, espurio, incorrecto, no basado en principios democráticos occidentales, como queramos llamarlo. Lo cierto es, que la ciudadanía no lo toleró más y despegándose de la estructura de poder – llámese Ejecutivo y partidos políticos- se movilizó y  generó un cambio, no sabemos si para mejor o peor, pero se produjo el quiebre de esa institucionalidad, que había sido validada en un espacio de tiempo, incluso por la comunidad internacional. En definitiva, ese estado de derecho, no reaccionó a tiempo al comportamiento del estado social.

En nuestro país, que siempre se ha caracterizado por el apego a las normas jurídicas, no obstante que nuestra historia tiene diversos episodios que las quebrantaron, la mayoría de las veces fue precisamente porque ese marco constitucional, fue sobrepasado por los hechos, manifestados por las fuerzas sociales o grupos de poder que reclamaron un cambio.

Pareciera que nuestra clase dirigente sufre de ciertas patologías oftalmológicas, como la miopía, esta enfermedad ocular, que impide a las  personas enfocar bien los objetos lejanos, es decir, no  pueden mirar más allá de su nariz.

Ejemplos de miopía hay muchos. Demoramos más de 50 años en reconocer que los matrimonios no eran para toda la vida, nuestra ley de divorcio, a medias, es la más reciente del mundo moderno; llevamos 200 años sin reconocer de verdad al pueblo mapuche y cada vez que levantan su voz diciendo que son un pueblo originario, antes de la república, lo criminalizamos y marginamos;  nos ha costado reconocer los derechos de la mujer respecto de la maternidad y vida sexual y hoy ya no es miopía, sino derechamente ceguera con nuestra institucionalidad, que regula la participación ciudadana en temas trascendentes. La expresión ciudadana para resolver soberanamente, como los plebiscitos o referéndum, no están contemplados en nuestra institucionalidad.

El plebiscito y el referendo forman parte del acervo político institucional de las democracias modernas y son una válvula para expresar sus aspiraciones, los hay vinculante y solo consultivos, pero existe la figura, que a la luz de los hechos es urgente implementar, no solo en el ámbito comunal, sino que también en materias de interés nacional.

No podemos seguir mirando la democracia con la definición ateniense clásica y con estructuras que no contemplan la expresión permanente de la ciudadanía que quiere tener mayor ingerencia en las definiciones que hace el Estado. Hoy la ciudadanía no está contagiada con enfermedades oftalmológicas de ninguna naturaleza, al revés, mira y ve muchos más que la clase dirigente.

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