Hoy vence plazo para que «Mina Javiera» presente descargos por cuestionamiento ambiental


Servicio de Evaluación Ambiental inició procedimiento que busca invalidar aprobación del proyecto de la canadiense Mandalay Resources.

 

Luego del cese de operaciones y la reciente formalización de su gerente general Stuart Andrew O’Brien por el accidente que cobró la vida a dos trabajadores en 2017 en la faena Delia 2, y que derivó en el pago de $ 600 millones a la familias de Enrique Ojeda y Jorge Sánchez, se sumó recientemente una arista que complejiza aún más la continuidad de la Compañía Minera Cerro Bayo, de la canadiense Mandalay Resources, en la Región de Aysén.

La Agrupación Aysén Reserva de Vida (ARV), la Corporación Costa Carrera y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa) presentaron el 22 de octubre el requerimiento invalidatorio y el pasado lunes 17 de diciembre comenzó el procedimiento. La empresa tiene 10 días corridos para presentar sus descargos.

 

Así, fue hace exactos 10 días que el Servicio de Evaluación Ambiental  (SEA) acogió a trámite la solicitud realizada por tres organizaciones regionales que piden invalidar la resolución del 5 de septiembre que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tendiente a reiniciar las faenas de Mina Javiera, abandonada por Cerro Bayo en 2008.  Esto, luego que el 24 de agosto la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén aprobara el proyecto, sin participación ciudadana formal.

La iniciativa consiste en la rehabilitación de los túneles hoy completamente inundados, extrayendo durante 6 meses unos 580 mil m3 de agua de su interior para posteriormente depositarla en la laguna Salitrosa (conocida en el sector como Salmonosa o Escondida), cuyo volumen actual se estima en 330 mil m3.  Esto significaría triplicar su caudal, aumentar su cota en 4,5 metros e inundar unas cinco hectáreas de superficie aledaña, a pocos kilómetros de Bahía Jara.

Los recurrentes consideran que el proyecto no debió tramitarse mediante DIA sino a través de un estudio de impacto ambiental, por emplazarse al interior del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepas Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara, a solo 8 kilómetros de la Reserva Nacional Jeinimeni (hoy Parque Nacional Patagonia) y en un área de humedales. Además, actualmente se emplaza dentro del polígono de la Zona de Interés Turístico Chelenko, constituida por decreto en enero de este año.

Sobre esto, el artículo 11 letra D) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente obliga a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (y no solo declaración)para toda actividad localizada en o próxima a “poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”.

Según consigna la propia DIA de la empresa, las aguas de la mina presentan “parámetros excedidos tales como boro, fluoruro, manganeso, molibdeno, sulfato, sodio” e incluso en diciembre de 2017 pobladores expresaron su preocupación porque el agua interior se encontraría “contaminada por aceites y petróleo de la antigua operación”.

Dependiendo del resultado de este requerimiento, la controversia podría continuar en el Tribunal Ambiental de Valdivia.

En paralelo a esta presentación se ha presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, el cual recientemente fue rechazado.  Ante esto, los recurrentes elevaron el litigio a la Corte Suprema por los derechos constitucionales que consideran han sido conculcados durante la evaluación de la rehabilitación de la Mina Javiera.

Revisa la Resolución N°103 de la Comisión de Evaluación Ambiental el documento AQUÍ

 

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