Crónica “Después D” – Jueves 24 de Marzo de 2011

Un «gallito» de pasiones

Por Jorge Díaz Guzmán

La Constitución Política del Estado  tiene por objeto dar al poder legislativo una herramienta de control «interpoder», propio de los sistemas presidenciales y de las democracias modernas, y que por estos días se manifiesta en la instancia que  está ejerciendo el Congreso nacional para con la Intendenta de la Región del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe.

Esta instancia, que hoy se discute, es un juicio eminentemente político, donde el Senado actúa como jurado, luego de la acusación interpuesta en la Cámara de Diputados, y es que tiene como finalidad ir más allá de la persona que es acusada constitucionalmente, pues dice la norma “proteger los intereses públicos, contra el peligro u ofensa por el abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo”.

Respecto de la acusación contra la intendenta en cuestión, además de los fundamentos jurídicos y constitucionales que tendrán que resolver los honorables, sin duda está el componente político y electoral. Ciertamente, en este caso, las motivaciones políticas son más que evidentes y los intereses para sacar del camino electoral a la ex alcaldesa de Concepción rayan en lo burdo. Ella será sancionada por senadores, que competirán el las próximas elecciones de esa región y ese sólo hecho desvirtúa, al menos a quienes tiene pretensiones de repostularse en esa circunscripción. Más aún, inhabilitaría éticamente a quienes siendo senadores, además son presidentes de los partidos, que quieren mantener o aumentar el número de sillones de la Cámara Alta.

Pasado el medio día de hoy, 10 diputados de las bancadas de la Concertación y del Partido Comunista presentaron la acusación constitucional en contra de la Intendenta de la Región del Bío Bío, la que deberá ser sometida a la consideración de los 120 diputados, que para ser aprobada requiere el apoyo de algunos diputados de la Alianza por Chile, situación que se puede dar por la disputa interna que tiene la coalición de gobierno, sobre todo luego de designar al presidente de RN, el ex concejal Carlos Larraín en reemplazo del ex senador y actual ministro de Defensa, Andrés Allamand. Esta nominación generó el quiebre con el diputado por Valdivia, Roberto Delmastro, quien anunció su renuncia a RN. Lo propio ocurre con los diputados del PRI y díscolos de Renovación Nacional. Pero también los acusadores corren riesgos y existe la posibilidad cierta de no prosperar, de hecho el diputado por Aysén René Alinco (PRO), quien ahora milita en el partido de Marco Enriquez Ominami,  desestimó anticpadamente la acusación.

Lo que queda de manifiesto en esta acusación, es que se cruzan los intereses electorales de los acusadores con la defensa de valores fundamentales de una democracia y eso es lo que contamina la decisión de los parlamentarios.

Lo que si es inevitable, es que luego de esta acusación, prospere o no,  las relaciones políticas en la Alianza quedarán más frágiles que ayer y para la oposición sólo es una demostración de fuerzas, que le permitirá diseñar su estrategia futura frente al gobierno. Es decir, nuestra clase política, a la luz de las encuestas, sigue estando lejos de los temas que realmente nos interesan a la mayoría de los ciudadanos.

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