COLUMNA EPD: “Revuélcate Montesquieu…”

El gobierno ha tenido criterios distintos; cuando el Presidente Piñera desconoció la resolución ambiental en el caso Barrancones, la ministra Benítez que ahora reclama su rol técnico frente al caso Central Castilla, aceptó la decisión del primer mandatario, y no dijo que “el único encargado de calificar y quien tiene competencia para hacerlo es la autoridad sanitaria”, como sostuvo frente al reciente fallo de la Corte Suprema.

 

Por Jorge Díaz Guzmán (*)
jdiazguzman@elpatagondomingo.cl

 

Uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, es la división de los poderes del Estado. El legislativo, ejecutivo y judicial, los tradicionales 3 poderes deben encontrarse separados o divididos, principio que incorporó Montesquieu, en su obra “El espíritu de la leyes”, algo que nos enseñan tempranamente en la escuela. Y más allá de los cuestionamientos, que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes, respecto de cómo funcionan estas instancias, asumimos que están ahí y muchas veces a regañadientes aceptamos su ejercicio y determinaciones.

En abril pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó los 7 recursos de protección interpuestos en contra del proyecto HidroAysén, que habían interpuesto organizaciones ciudadanas y medio ambientalistas, y el senador de RN Antonio Horvath, en contra de la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de la  Región de Aysén (SEA), que le dio el visto bueno a la iniciativa de Colbún y Endesa.

 Hace unos días, la misma Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que declaró ilegal el procedimiento de la termoeléctrica Castilla. De este modo, se anula el Estudio de Impacto Ambiental aprobado para el proyecto en el norte del país.

En ambos casos, previamente el SEA había aprobado cada uno de esos proyectos.

En agosto de 2011, el Presidente Piñera pidió que el proyecto de la Central Barrancones, en la Región de Coquimbo, no se materializara y pidió a los empresarios que relocalizaran la planta, no obstante que el proyecto había sido aprobado por la institucional ambiental. Es decir, por si y ante sí, desconoció la resolución ambiental y canceló la iniciativa energética.

Las posturas para uno y otro fallo de la Corte Suprema, por los mismos actores han sido distintos según la resolución.

El gobierno ha tenido criterios distintos; cuando el Presidente Piñera desconoció la resolución ambiental en el caso Barrancones, la ministra Benítez que ahora reclama su rol técnico frente al caso Central Castilla, aceptó la decisión del primer mandatario, y no dijo que “el único encargado de calificar y quien tiene competencia para hacerlo es la autoridad sanitaria”, como sostuvo frente al reciente fallo de la Corte Suprema.

El doble estándar, que suele tener el Ejecutivo es el que pone en entredicho las instituciones del Estado, es precisamente él, quien debe velar por la independencia de las demás instituciones del Estado y cuando las relativiza, no solo genera tensión entre ellos, como ocurrió ahora entre la Corte Suprema y una ministra de Estado, al cuestionar un fallo del máximo Tribunal, sino que también, hace que la ciudadanía ponga en “tela de juicio” la institucionalidad en su conjunto y con ello a la autoridad, cualquiera ella sea.

 

(*) Es Comunicador Social y Director Ejecutivo de EPD Comunicaciones Ltda.
 
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